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AGENCIAS
8 de marzo de 2006
El
titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Barcelona ordenó el 24 de
diciembre investigar los presuntos malos tratos infligidos a Alba a los
Mossos d'Esquadra. Estos, le contestaron el 11 de enero con la remisión del
caso a la Policía Nacional de Montcada i Reixac, donde ellos aún no estaban
desplegados.
Según fuentes judiciales, el juez ordenó la apertura de
diligencias el 24 de diciembre, seis días después de que fuera atendida por
primera vez en el Hospital del Valle Hebrón de una fractura en el brazo y
hematomas por todo el cuerpo supuestamente causados por malos tratos.
Ese mismo día, el juez ordenó a los Mossos d'Esquadra, enviando un oficio
por correo, que investigaran estos supuestos maltratos, pero la policía
autonómica envió un escrito al juez el 11 de enero en el que le explicaban
que ellos no eran competentes porque la familia vive en Montcada i Reixac
(Barcelona), un municipio en el que aún no están desplegados y depende de la
Policía Nacional.
Las mismas fuentes indicaron que en ese escrito le comunicaban al juez que
ellos ya habían remitido el caso a la Comisaría de la Policía Nacional de
Montcada i Reixac.
La Policía Nacional asegura que el 25 de enero recibió un oficio del
Juzgado para que investigara el caso y tomara declaración a la madre de la
niña, quien acusó al padre biológico, que vive en Fraga (Huesca), de haber
sido el causante de lesiones a la pequeña, que ahora se encuentra en estado
grave en Valle de Hebrón tras haber recibido una nueva paliza, presuntamente
de su padrastro, el pasado sábado.
El expediente con las diligencias por la primera paliza de diciembre
abiertas por el Juzgado número 4 de Barcelona así como la orden a los Mossos
para que investigaran están ahora en manos del juez de Fraga (Huesca) que
imputó al padre biológico de Alba a raíz de la acusación que formuló su ex
esposa.
Un portavoz de los Mossos d'Esquadra reconoció que efectivamente
comunicaron al juez que ellos no tenían competencias en Montcada i Reixac y
que el día 12 de enero a las 08.20 horas requirieron a la Comisaría General
Territorial de los Mossos para que trasladase al Inspector Regional de
Servicios de la Policía Nacional la petición del juez.
Según este portavoz, el retraso con que se comunicó al Juzgado la
inhibición se debió, por una parte, a que el oficio llegó a los Mossos por
correo en la primera semana de enero, y, por otra, a la acumulación de
órdenes judiciales, un total de 11.220, que llegaron a los Mossos entre
noviembre y enero y que iban siendo introducidas en el sistema informático
de la policía autonómica a medida que iban llegando de los Juzgados.
El portavoz de los Mossos d’esquadra explicó que "Estas órdenes no vienen
discriminadas, es decir, los jueces no indican la prioridad de cada caso y
nos llega igual una petición para averiguar una lesión por torcedura de
tobillo en la calle que un presunto caso de maltrato infantil(...). Si el
juez hubiese apreciado la gravedad del caso, podía haberse ahorrado todos
estos trámites citando él directamente a los familiares para tomarles
declaración en el Juzgado, pero es una costumbre derivar esta
responsabilidad en los cuerpos policiales".
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