sevilla.
"Es triste que tengan que ocurrir tragedias
como ésta (caso de Alba) para que salga a la
luz la inoperancia de los mecanismos del
Estado y el descuido en que se ha dejado a
la infancia para servir a otros intereses".
Esta declaración pertenece a Bruno Murillo y
resume el sentir de la decena de
asociaciones por la igualad y la custodia
compartida que defienden que el maltrato
infantil aún oculto no es un problema de
conciencia social, "el problema lo tenemos
con el Estado, los jueces y los legisladores
que renuncian a hacer justicia en favor de
intereses de determinados colectivos de
mujeres".
Este catalán representa a
un grupo que defiende "el interés del menor
por encima de todo tras el divorcio" y
denuncia los casos en los que los niños se
convierten en arma arrojadiza de los padres en
rupturas con litigio. Este fenómeno, detrás
del que se encuentran unas consecuencias para
la salud del menor definidas como síndrome de
alienación parental (SAP), es considerado por
los afectados como una auténtica lacra y ya
son muchas las voces que se han levantado para
denunciarlo. De hecho, un informe del Hospital
del Valle Hebrón -precisamente donde está
internada Alba- desvela que casi el 60 por
ciento de las denuncias de abusos sexuales a
menores detectadas en el centro son falsas
denuncias con un trasfondo de divorcio sin
acuerdo, realidad que ya detectan los
mediadores.
Con cautela, los padres
agrupados en estas plataformas sospechan
que, en el caso de Alba, la niña catalana,
hay otra víctima, el padre biológico. Álvaro
Luis Caldas fue denunciado días antes del
ingreso de la menor en la UCI por su ex
mujer, la madre de la menor, por un delito
de maltrato en el ámbito familiar y abusos
sexuales a Alba. El denunciado, que está
libre y aún no ha sido juzgado, mantiene su
inocencia y asegura que se trata de una
falsa denuncia, que él ignoraba los malos
tratos y que no siempre podía estar con su
hija. Además, ahora tiene también una orden
de alejamiento. "La denuncia de la madre
creó una cortina de humo sobre el maltrato
real que sufría la niña", asegura José Ramón
Viesca, presidente de Aequalitas Civica, una
de asociaciones de la citada plataforma.
Murillo añade que las
falsas denuncias se arrastran desde siempre
y que, según él, están aumentado a raíz de
la aprobación de la Ley integral y su "uso
perverso", pues "habilitan a la mujer para
que la custodia no se conceda al padre". En
este sentido, defiende que se recurra a los
juicios rápidos para juzgar estas denuncias
ya que así se protege al menor y se evitan
situaciones injustas prolongadas. "La
normalidad en estos procesos no puede ser
que ante la primera denuncia se aparte al
padre de la niña sin investigar más".
Este extremo, el de las
falsas denuncias, es rechazado por las
asociaciones feministas. Ana María Pérez del
Campo, presidenta de la Federación de
Asociaciones de Mujeres Separadas y
Divorciadas, califica de "engaño a la
opinión pública". 
