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La Generalitat asume la tutela de la niña que quedó en coma por maltrato
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abre una investigación por si se han producido errores judiciales ante la ausencia de medidas preventivas
EXPLICACIONES. Rueda de prensa de la directora general de Atención a la Infancia de la Generalitat. / E. C
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JUSTICIA LENTA
24 de diciembre: el juzgado de guardia número 4 recibe el parte médico de lesiones.

25 de enero: el escrito del juez en el que pide que se investigue el caso se recibe en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Montcada i Reixac un mes después.

6 de febrero: el juez del juzgado número 4 se inhibe a favor del juez de Fraga.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), María Eugenia Alegret, ordenó ayer la apertura de diligencias informativas para determinar si se han cometido errores judiciales en el caso de Alba Caldas, la niña de 5 años, que permanece en coma en el Hospital de la Vall d´Hebron de Barcelona desde el pasado sábado tras haber sido presuntamente maltratada por el compañero sentimental de su madre.

Según fuentes del TSJC, este organismo ha iniciado una investigación para revisar todos los expedientes y oficios judiciales relacionados con el caso de Alba Caldas, del que tuvieron conocimiento tres juzgados, uno de Barcelona, uno del municipio barcelonés de Cerdanyola y otro de la localidad oscense de Fraga.

Las diligencias informativas abiertas por el TSJC pretenden conocer las causas por las cuales estos tres juzgados no tomaron ninguna medida cautelar para proteger los intereses de la menor, al considerar que no corría riesgo alguno viviendo en el domicilio de su madre y de su padrastro, Francisco Javier P. E., que ingresó el martes en prisión.

La Generalitat, por su parte, decidió retirar la tutela de Alba Caldas a su madre, Ana María, e inició los trámites para encontrar una familia de acogida para la niña en el caso de que consiga superar su grave estado, anunció la consejera de Bienestar y Familia, Anna Simó. En contra de los primeros pronunciamientos de responsables de otras instituciones, la titular de este departamento admitió que la Administración pública catalana cometió errores en el caso de esta niña.

Fallos evidentes

«Cuando pasan cosas como ésta es evidente que se ha producido algún fallo por parte de la Administración», reconoció Simó. Lamentó que los posibles fallos no se detectasen a tiempo, porque pusieron a la niña maltratada en peligro. A su juicio, «se cometió un error de evaluación, un error que se ha de evitar en casos posteriores». Simó también explicó que la Generalitat analizará los diversos informes disponibles sobre el caso para conocer si la Administración actuó con negligencia, o por lo menos con demasiada ligereza.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración, Jesús Caldera, en declaraciones a Radio Nacional, manifestó también que «parece que ha habido un fallo en cadena», y «tenemos que ver dónde se producen esos fallos para mejorar la coordinación. Hay que ser autocríticos, y a partir de la autocrítica tomar las decisiones necesarias y exigir las responsabilidades oportunas si se han producido esos errores».

Así las cosas, el padre biológico de la menor, Álvaro Luis Caldas, aseguró que en ningún momento sospechó que su hija pudiera recibir malos tratos por parte de su madre o del compañero sentimental de ésta. Durante el tiempo que él convivió con su ex mujer, la niña -dijo- «jamás fue maltratada». El padre recalcó que sólo «ahora» ha descubierto lo ocurrido a la niña y aunque la pequeña le repetía a veces que no quería volver con su madre, nunca sospechó que fuera por miedo a su padrastro. La última vez que Álvaro Luis Caldas vio a su hija fue entre el 2 y el 8 de enero. La niña llevaba el brazo escayolado pero no se preocupó demasiado, porque ella misma le aseguró «que se había caído de la cama», según consta en su declaración judicial.

  • El 48 por ciento de los españoles considera que la Administración de Justicia funciona "mal o muy mal"
  • El 30 por ciento considera que "funciona peor que hace dos o tres años"
  • Seis de cada diez ciudadanos considera que la Justicia está anticuada
  • Siete de cada diez consideran que es muy lenta y que las sentencias no se ejecutan con eficacia
  • Un 49 por ciento de la ciudadanía no cree que los tribunales sean imparciales en su actuación
  • El 54 por ciento de los españoles creen que, a la hora de enjuiciar un caso y dictar sentencia, "los jueces no suelen actuar con total independencia"

II Barómetro de la Justicia de la Fundación Wolters Kluwer. El barómetro. En prensa

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