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BARCELONA/ZARAGOZA. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga las actuaciones judiciales en torno al caso de la niña de 5 años ingresada en estado grave por presuntos malos tratos, para averiguar si ha habido algún error que haya comportado desprotección para la pequeña. La presidenta del TSJC, Maria Eugenia Alegret, ha pedido todas las causas relacionadas con la menor que, por lo que se refiere a Cataluña, llevan el Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona y el número 2 de Cerdanyola.

El primero fue el que el 24 de diciembre de 2005 recibió la denuncia de Vall d´Hebron, hospital donde la niña ingresó el día 18 con fractura de brazo y hematomas por todo el cuerpo. El de Cerdanyola será el encargado de investigar la brutal agresión ocurrida el pasado fin de semana, que mantiene a la pequeña en estado grave en el mismo hospital, aunque su evolución es favorable. A Cerdanyola pertenece judicialmente Montcada i Reixac, población donde se produjo la paliza, en la vivienda que comparten la madre de la niña y su compañero sentimental.

Por estos hechos, el juez ha imputado un delito de asesinato en grado de tentativa a la madre, Ana María C. F., de 26 años, que está en libertad con cargos, y al padrastro, Francisco Javier P. E., de 32 años y que ingresó anteanoche en prisión. A él se le considera autor material de la agresión, que la pareja atribuyó a una caída de la cama.

La polémica entre administraciones por una actuación general que evidencia lagunas inexplicadas y que ha dejado a la niña en manos de sus maltratadores durante demasiado tiempo, se centró ayer en los juzgados y los Mossos d´Esquadra, tras conocerse la tardanza en llegar a la Policía autonómica la orden judicial para que investigara los malos tratos sufridos por la niña en diciembre de 2005.

El titular del Juzgado de Instrucción 4 de Barcelona mandó un oficio a los Mossos el 24 de diciembre de 2005. El envío se hizo por correo y tardó 17 días en llegar a su destino. La comisaría central de la Policía autonómica lo recibió el pasado 10 de enero, informó ayer la Consejería de Interior.

Según Interior, al día siguiente se envió la información al Cuerpo Nacional de Policía, ya que los hechos a investigar se habían producido en Montcada i Reixac, zona donde los Mossos no tienen asumidas las competencias en seguridad. La Generalitat añade que se dio cuenta al juzgado del traslado de competencias a la Policía Nacional.

Un portavoz de los Mossos indicó a Efe que el envío por correo ordinario indica que el juez no consideró urgente la investigación, porque también podría haber sido él mismo quien citara directamente a la familia de la niña para interrogarla en dependencias judiciales. La presidenta del TSJC dijo ayer por la tarde que es normal enviar los oficios por correo

Por su parte, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Fraga (Huesca) asumió el 24 de febrero las diligencias abiertas en Barcelona en diciembre de 2005, después que la madre acusara de las lesiones que sufría la pequeña, además de agresión sexual, al padre biológico, Álvaro C. A., de 46 años, que reside en la localidad oscense de Ontiñena. El padre, quien ayer declaró que se siente «inocente de todo» y que lo único que desea es que su hija se recupere, fue detenido el pasado sábado por la Guardia Civil en Ontiñena, poco antes de conocerse la última agresión a la niña. Tras prestar declaración, quedó en libertad con cargos por los supuestos delitos de lesiones y contra la libertad y la indemnidad sexual, según explicaron fuentes judiciales aragonesas.

A última hora de ayer, la madre de la niña -desoyendo la prohibición de la Generalitat de que cualquier familar se acercara a ella- se presentó en el centro hospitalario donde está ingresada la pequeña. El personal del hospital impidió que la viera.