Concepción Trabado, la abogada de María Jesús
G., acompañada de miembros de veinte asociaciones de mujeres, han
pedido este lunes durante una comparecencia pública al Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ) investigar "seriamente" el caso
de esta mujer, quien sufrió "maltrato físico y psicológico durante
15 años" y que durante 40 días (del 20 de enero al 28 de febrero)
ingresó en la cárcel por negarse a que el progenitor, José Antonio
F., visitara a su hija de seis años, también "golpeada" por él.
Un Juzgado de Ponferrada ordenaba la entrega de
la niña al padre el pasado 31 de diciembre, fecha en la que la
madre decidió ocultar a la niña con el fin de "protegerla", pero
finalmente optó por entregarla a un centro de acogida.
La negativa maternal tuvo lugar cuando un juez
de Ponferrada amplió el régimen de visitas "restrictivo" entonces
en vigor y después de que la niña narrara a la madre los
"abusos sexuales".
María Jesús G., presente en la rueda de prensa,
denunció en 2004 que su pareja abusaba de su hija, hecho
refrendado "sin ningún género de dudas"
por tres informes psicológicos encargados por ella misma, pero
el Juzgado no los aceptó como prueba por "ser de parte".
A juicio de la abogada, resulta "paradójico"
que el juez no los admita y, a su vez, el Juzgado carezca de
equipos psicosociales que puedan realizar las evaluaciones a la
madre, a la niña y al padre, solicitadas en reiteradas ocasiones.
Un médico forense sí entrevistó a la
menor, pero concluyó que a su corta edad no tenía capacidad para
relatar los hechos "con credibilidad", añadió Trabado, quien
informó de que la niña está en tratamiento psicológico desde 2004.
Añadió que el progenitor es una persona
"violenta y agresiva", ha sido procesado en dos ocasiones por
conducir bebido y "reconoce que ha maltratado a su mujer".
En su opinión, la integridad física y libertad
sexual de la niña "corre un serio peligro conviviendo con su
padre", y confió en que den resultado los recursos interpuestos
ante la Audiencia Provincial de León, el Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León y la queja ante el Consejo General del
Poder Judicial.
Por último, denunció que el padre ha amenazado
de muerte a María Jesús G., quien reside en Vega de Espinareda,
donde ella y su entorno es objeto de amenazas por parte de esta
persona y familiares suyos, según dijo.
A juicio de las asociaciones de mujeres que
apoyan la causa de María Jesús, en el procedimiento judicial no se
tuvo en cuenta el interés de la menor, y el juez,
"contradiciéndose a sí mismo, otorgó la custodia al padre sin
valorar su conducta y las condiciones personales del padre, así
como su situación de alcoholismo", dijeron.
Entre las organizaciones figuran la Asociación
de Mujeres Juristas Themis, la Fundación Mujeres, la Comisión de
Malos Tratos y el Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
