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La Junta de Andalucía presentará un recurso
de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto que
la condena a pagar 1,45 millones de euros a Carmen Fernández,
a quien retiró sus dos hijos en 1996, al considerar que
vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva. Este
recurso, sin embargo, no paralizará el pago de la
indemnización, que se abonará en breve.
Ante el Constitucional, la
Administración andaluza planteará que en el auto se utilizan
"criterios de valoración no ajustados a Derecho" y se imputan
"responsabilidades que no le corresponden". En su auto, la
Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla defiende un novedoso
criterio para cuantificar la indemnización que le corresponde
a la mujer por no haber podido recuperar a sus hijos, a pesar
de que los tribunales acabaron dándole la razón. Los jueces
aplicaron el baremo utilizado por el Tribunal Supremo para
compensar a personas que han estado en prisión indebidamente,
"no existiendo ningún otro conocido al que acudir para reducir
al máximo el grado de discrecionalidad". Tras difundirse el
auto, la directora general de Infancia y Familias, Carmen
Belinchón, tachó de "frívolos" estos criterios. "No se puede
equiparar el sistema de protección de menores con la privación
indebida de libertad", censuró.
Por la privación de sus hijos desde
1996, la Audiencia fijó una indemnización de un millón de
euros, a la que se agregaron 250.000 por la "pérdida
definitiva" de uno de ellos -la mayor regresó con la madre- y
otros 200.000 euros por las dolencias actuales de Carmen
Fernández, que la sala considera "consecuencia directa o
indirecta del sufrimiento soportado durante casi 10 años".
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