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CAROL ALVAREZ. BARCELONA.-
«No hay delito que lleve a la detención masiva de
miles de hombres, sin apenas indicios», denuncia la juez decana de
Barcelona, María Sanahuja, pero la aplicación de la Ley Integral de
Violencia de Género lleva a hacer real esta situación, «propia de
regímenes totalitarios», advierte la decana. Fue ése el pensamiento
de Sanahuja cuando concluyó, ayer, que «la Justicia española aún ha
de hacer la transición democrática».
Sanahuja denunció esta norma desde una óptica que
supone una pirueta novedosa, la que reivindica la indefensión de los
hombres, víctimas de una ley que los discrimina y que «causa una
vulneración de derechos fundamentales en nuestro país que repugna».
El contexto en el que la decana hizo estas
manifestaciones fue la presentación del libro El varón castrado,
que, según su autor, José Díaz Herrera, pretende desvelar las
verdades y mentiras de la violencia doméstica en España.
Sanahuja lamentó que el problema de la violencia,
con toda la gravedad que comporta, «se ha llevado a un punto de
locura» que ha generado un uso «abusivo» de la ley, la destrucción
de la prueba del proceso y la ausencia de presunción de inocencia.
La juez decana de Barcelona forma parte del
movimiento denominado El otro feminismo, que rechaza la
discriminación positiva que recoge la controvertida ley porque
podría vulnerar varios derechos, como el de igualdad, el de
legalidad, el derecho a la libertad y a la seguridad o a la tutela
judicial efectiva.
Y, yendo de lo general a lo particular, Sanahuja
apuntó que «una condena injusta genera una violencia tremenda, una
espiral en que la víctima entra en un proceso de autodestrucción»,
pierde el control de sus actos, redobla la violencia e incluso acaba
recurriendo al suicidio.
Entonando el mea culpa como copartícipe de las
consecuencias que acarrea esta polémica Ley contra la Violencia de
Género -«Todos somos responsables»-, Sanahuja señaló que «hemos
causado un gran dolor a un montón de hombres».
La juez advierte que la responsabilidad del
desaguisado que provoca la ley se remonta al Ejecutivo del Partido
Popular y a la reforma del Código Penal de 1993, pero que el cambio
de gobierno no sólo no enmendó este error, sino que lo perpetuó en
distintas revisiones del tipo delictivo que tuvieron como colofón la
actual Ley Integral. «El PSOE ha compendiado lo que hizo el PP»,
señala Sanahuja, y lo ha hecho con el apoyo unánime del Congreso.
Y es que, razona la juez, «castigar más al hombre
no tiene ningún sentido» y es totalmente desproporcionado haber
llegado al extremo actual, que ha llevado la «mala educación al
Código Penal». De hecho, la decana espera que la futura reforma del
Código Penal coja el toro por los cuernos y devuelva la problemática
«a su justo término».
«Si incluimos las faltas de educación en el
Código Penal, no dejaremos a nadie fuera de la cárcel, porque todos
habremos sido maltratadores alguna vez», advirtió.
Sanahuja lamentó, igualmente, que la parte
realmente positiva de la ley, la que prevé recursos asistenciales,
no se haya desplegado.
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