El Poder Judicial reconoce que 30 jueces tienen "padecimientos psíquicos"

Ahora mismo hay al menos "una treintena" de jueces con "padecimientos psíquicos" que trabajan en juzgados y tribunales, según indica el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe que analizará hoy y que, si es aprobado, contiene una propuesta al Gobierno tendente a evitar que magistrados con patologías psíquicas instruyan sumarios o pongan sentencias. En España hay unos 4.500 jueces en activo.

La propuesta consiste en que se regule una situación laboral excepcional que permita que los jueces con estos problemas puedan tener una especie de excedencia de entre seis meses y seis años cobrando un 80% del salario real.

"En cualquier otro trabajo, si hay una persona con problemas psíquicos, se la reubica en otro sitio y no pasa nada; pero en la judicatura, los jueces son inamovibles y todos los puestos tiene igual responsabilidad", comenta el vocal Javier Martínez Lázaro.

Aplicar a un juez una situación de incapacidad permanente no es fácil. Un asalariado normal suele ser más proclive a aceptar una baja por incapacidad porque la variación del sueldo no es tan significativa como en el caso de un juez. Si un trabajador gana, por ejemplo, 1.500 euros, con la incapacidad el sueldo se le queda en unos 1.200. Pero para un juez, que gana unos 3.600 euros, la reducción es muy notable.

Por eso hay jueces "con padecimientos graves que se oponen decididamente a ser incapacitados". Esa oposición, según el Consejo General del Poder Judicial, "suele encontrar eco, por razones humanitarias, entre quienes tienen que gestionar esa incapacidad".

El informe alude, en concreto, a jueces con padecimientos mentales menores (depresiones, por ejemplo), que pueden producir "graves perturbaciones del servicio judicial (retrasos, desatención de los asuntos)".

Para estos jueces, si su patología no es totalmente incapacitante, el informe propone crear una situación laboral intermedia que podría durar entre uno y seis años y en la que los jueces percibirían "el 80% de su retribución real, y conservarían todos sus derechos".