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| De izquierda a
derecha, el magistrado Vicente Ortega, la decana
María Sanahuja y el fiscal de la Audiencia de
León, Avelino Fierro. / S. PÉREZ |
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ANA R. LÓPEZ
LEÓN.— Jueces y padres coincidieron ayer en las I
Jornadas sobre la Custodia Compartida celebradas en León
en que la última modificación de la ley al respecto es
«inconstitucional». El encuentro concluyó en la tarde de
ayer en el Albéitar con la participación de dos
destacados magistrados, la jueza decana de Barcelona,
María Sanahuja Buenaventura, y el presidente de la
Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Valencia,
Vicente Ortega Llorca.
La
jueza consideró que el principal problema legal es
que aún no se han analizado las causas de la
violencia doméstica para evitarla. En este campo hay
dos posturas. Una parte de la innata violencia del
hombre y que reduce su participación a lo económico,
«lo que incentiva el conflicto». El segundo enfoque
sería el del diálogo y el uso de la Justicia como
herramienta para hallar soluciones al conflicto. Sin
embargo, las últimas leyes «ya desde el Gobierno
anterior en 2003, han optado por la primera
postura», llegando al extremo de prohibir la
custodia compartida en el caso de violencia «y un
insulto puede considerarse violencia».
En
este sentido, calificó de «inconstitucional» la Ley
15/2005 que modifica el Código Civil en cuanto a la
custodia de los hijos es «inconstitucional», por lo
que pidió a los representantes políticos «que nos lo
arreglen».
Por
su parte, el presidente de la Sección 6 de la
Audiencia Provincial de Valencia, Vicente Ortega
Llorca, recordó que hace 15 años el tribunal que
preside comenzó a otorgar custodias compartidas y
fue el primero en España en hacerlo. Desde entonces,
la evolución legislativa «parecía que iba a ser
favorable», pero «hemos dado un paso atrás» con la
modificación de la ley, que recorta la decisión de
un juez a la hora de otorgarla mediante una
regulación restrictiva.
«Mi
tribunal no podría hacer hoy lo que hizo hace 15
años», señaló Ortega Llorca, que se mostró
convencido que, al final, «se impondrá la sensatez»,
puesto que la mejor forma de defender los derechos
de un menor, en la mayoría de los casos, es dar esa
custodia compartida, sin «estigmatizar» a uno de los
progenitores.
El
magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia
reconoció la habitual presentación de falsas
denuncias de malos tratos en el intento de «usar la
justicia para la satisfacción de intereses
personales». En este sentido, reconoció que la ley
de protección integral de la mujer «ha abierto una
brecha por la cual la mera denuncia puede abrir la
puerta a determinadas ayudas públicas y beneficios
económicos o legales». En cualquier caso, confió en
la propia ley y en el conocimiento de la misma por
parte de los jueces para resolver estos casos.
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