Noticia en Prensa

MUJERES. “Si entendemos por violencia un reproche, el perfil de la mujer maltratada se convierte en el de todas las mujeres”

INTERESES. “A veces es sólo ánimo de venganza y también están las subvenciones para los centros de atención a víctimas”

SEPARACIONES. “Se está judicializando la vida familiar y esto pasa porque niño va con pensión y pensión va con piso”

SOCIEDAD
Diario de Sevilla _ DO. 21. 5. 2006

María Sanahúja Buenaventura.
Decana de los jueces de Barcelona. M. G. MAGISTRADA, fue elegida como decana de los jueces de Barcelona a principios de 2004.

Su experiencia profesional y personaltiene 45 años, está divorciada y comparte la custodia de sus dos hijas con su exmarido avalan con garantía su peculiar radiografía sobre la respuesta judicial que en España se da a los conflictos familiares. Se define como feminista porque vive y constata la discriminación de la mujer, pero sus gafas de mirar el mundo no le impiden ver que la mujer no siempre es la víctima.

por MARÍA JOSÉ GUZMÁN

BARCELONA. Hace dos años unas declaraciones de la decana de los jueces de Barcelona acerca de las falsas denuncias de maltrato dieron la vuelta a España y levantaron una polvareda que llegó hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial, al que algunas asociaciones feministas llegaron incluso para pedir que se le prohibiera hablar más en público. Pero, desde entonces, también antes, María Sanahúja no desperdicia una buena ocasión para expresar sus opiniones sobre las políticas de familia y de protección a la mujer y está convencida de que el Código Penal no puede ser el único instrumento de lucha porque, mal utilizado, puede incentivar más la violencia.

 

LA SITUACIÓN ACTUAL

“Hay caza de brujas y no se sabe qué hacer”

María Sanahúja asegura que actualmente se ha establecido un régimen de funcionamiento en materia de malos tratos que es “absolutamente totalitario, hay caza de brujas”. “Todos, jueces, fiscales, abogados... no sabemos qué hacer para parar esta situación”, comenta y explica que hay abogados que le dicen que no pueden sugerir a un cliente que está equivocado y que, ante una noticia de homicidio, lo primero que se investiga es si había o no “papelito” del juez. La decana es consciente de que será duramente criticada por cada una de las disfunciones que denuncie.

— ¿Quiere decir que teme pronunciarse de con independencia?

 

Entrevista:

–¿ Qué le motivó a hacer esas declaraciones?

–Yo levanté el primer cadáver de mujer muerta a manos de su marido en Cornellá en 1997. Entonces reaccionamos, comenzamos a sumar víctimas y también a acordar medidas de protección, algo que se hacía también antes de que existiera la Ley integral. Entonces ya percibí que había una tendencia por parte de algunas mujeres a denunciar al otro porque pensaban que así obtenían mejores condiciones tras un proceso de ruptura matrimonial. Antes se investigaba, preguntábamos a parientes, vecinos, profesores... a todo el mundo y resolvíamos con rapidez a pesar de acabar a las 11, 12 o una de la madrugada. Lo podíamos hacer en ciudades pequeñas. Ahora, con miles de órdenes de protección, alentadas por la Ley, hay un Código Penal que lo penaliza todo y agresiones que no causan ninguna lesión se castigan con prisión. Los casos llegan al juzgado y, sin tiempo para investigar, se hace un juicio rápido y hechos que no son graves acaban siendo delitos de prisión. Eso no es razonable. No se puede dejar todo el aparato judicial en manos de lo que te dice una señora. Las verdades son muy subjetivas a veces.

–Interpreto que, lejos de mejorar, la nueva Ley lo agrava todo.

–Ya con la reforma legal que hizo el gobierno del PP, y que ahora se ha continuado, se fomentaba el uso del Código Penal como principal instrumento para luchar contra este problema y, usado de manera desproporcionada, es capaz de incentivar aún más la violencia. El actual Gobierno ha abundado en la misma línea errónea. Ahora todo es delito y justo las respuestas que pensamos que pueden llegar a solucionar los conflictos se eliminan, como ha ocurrido con la mediación. Hay otras medidas educativas, sanitarias, preventivas en definitiva que están bien, pero ahí no ha llegado aún el dinero.

–¿Es un problema de fondos?

–Se podría hacer mejor simplemente coordinando los recursos. El peso no puede recaer sólo en los juzgados, tampoco en la Policía, pero si todas las administraciones (también la sanitaria, la educativa...) nos unimos y establecemos cauces, se podrá investigar en poco tiempo y dictar resoluciones con elementos que nos permitan identificar y atajar la situación real. Y hay que emplear medios en intentar que la gente resuelva sus conflictos de manera pacífica y sin llegar al banquillo. La gente es civilizada y yo no creo, como dicen algunas como Ana María Pérez del Campo, sin estudio ni prueba alguna, que un 70 por ciento de procesos de ruptura escondan situaciones de violencia doméstica.

Dos tercios de estos procesos son de mutuo acuerdo. Claro que si entendemos por violencia un reproche... el perfil de la mujer maltratada se convierte en el perfil de todas las mujeres. Hay casos graves, pero se pueden detectar si se emplean bien los medios, y no hay que tratar todos por igual, como si las mujeres fuéramos menores de edad, incapaces de decidir si queremos perdonar o no a nuestra pareja tras una discusión.

–Al oírla da la sensación de que los jueces están atrapados por un Código Penal muy rígido.

–Muchos compañeros hacen a veces lo imposible por no aplicar un Código Penal que se ve a todas luces que es injusto, estamos trabajando para no aplicar un Código Penal que nos repugna a todos y nos parece espantoso. Ya algunos jueces han hecho interpretaciones para dejar sin efecto órdenes de alejamiento.

–¿Existen datos para contrastar esta situación?

–No y los datos que nos han enseñado hasta ahora son confusos, los números del Observatorio para la Violencia Doméstica no cuadran. Ya se debería haber evaluado qué pasó con la reforma de 2004, hay que hacer estudios generales. Uno de la Universidad Autónoma adelanta que se está produciendo un 50 por ciento de absoluciones en Barcelona ciudad. Si esto fuera así, querría decir que hay algo que hacemos mal, como absolver a un culpable y condenar, si no a un inocente, a alguien con fines que no se corresponden con la gravedad de sus hechos.

–¿Cómo reaccionan los jueces?

–Muchos ya no tramitan juicios rápidos para poder tener un informe previo y más detallado.

–Lo absurdo es que los juicios rápidos se aplican en estos casos para evitar colapsos y frenar a tiempo situaciones graves.

–Sí, pero como se está enfocando ahora la cosa no se arregla nada. Las denuncias han crecido mucho y también las órdenes de protección pero a veces no hacemos más que dar papelitos. Por eso hay que investigar y no sólo juzgar rápido porque sólo así se detectan los casos graves y se pueden evitar.

–¿La Ley hace daño a algunos?

–Sí. Si una pareja discute y el hombre empuja a la mujer, eso acaba en el juzgado y lleva a la separación de los hijos del padre. Y el argumento es que hay que separar a los niños de personas violentas para evitar que reproduzcan sus conductas. Es un discurso perverso.

–Hay una intención manifiesta de evitar esos automatismos que recoge el artículo 57.2.

–Hay muchas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Se habla de víctima y agresor desde el minuto cero, sin presunciones, y hay que cambiar el principio de proporcionalidad de las penas.

–Esos planteamientos chocan con los del feminismo fundamentalista de género.

–Se está judicializando la vida familiar y esto pasa porque en una separación niño va con pensión y pensión con piso normalmente.

–La Ley del Divorcio concilia poco con la Ley integral ¿no?

–Ya no hay que esgrimir causas para divorciarse y eso significa que ya no tiene por qué haber siempre un culpable y, por tanto, alguien que tenga más derecho que otro a quedarse con la casa. Por esto, entre otras cosas, la custodia compartida no se acepta: la Ley estimula las denuncias, verdaderas o no, y éstas impiden esta medida.

–¿Qué interés hay tras este radicalismo feminista?

–A veces es sólo ánimo de venganza y también están las subvenciones para los centros que se han creado. Yo no he visto ningún otro delito sobre el que se diga con ilusión que han aumentado las denuncias. Eso pasa con todo, las ONG se convierten en negocios.

MUJERES. “Si entendemos por violencia un reproche, el perfil de la mujer maltratada se convierte en el de todas las mujeres”

INTERESES. “A veces es sólo ánimo de venganza y también están las subvenciones para los centros de atención a víctimas”

SEPARACIONES. “Se está judicializando la vida familiar y esto pasa porque niño va con pensión y pensión va con piso”

SOCIEDAD
Diario de Sevilla _ DO. 21. 5. 2006

María Sanahúja Buenaventura.
Decana de los jueces de Barcelona. M. G. MAGISTRADA, fue elegida como decana de los jueces de Barcelona a principios de 2004.

Su experiencia profesional y personaltiene 45 años, está divorciada y comparte la custodia de sus dos hijas con su exmarido avalan con garantía su peculiar radiografía sobre la respuesta judicial que en España se da a los conflictos familiares. Se define como feminista porque vive y constata la discriminación de la mujer, pero sus gafas de mirar el mundo no le impiden ver que la mujer no siempre es la víctima.

por MARÍA JOSÉ GUZMÁN

BARCELONA. Hace dos años unas declaraciones de la decana de los jueces de Barcelona acerca de las falsas denuncias de maltrato dieron la vuelta a España y levantaron una polvareda que llegó hasta los despachos del Consejo General del Poder Judicial, al que algunas asociaciones feministas llegaron incluso para pedir que se le prohibiera hablar más en público. Pero, desde entonces, también antes, María Sanahúja no desperdicia una buena ocasión para expresar sus opiniones sobre las políticas de familia y de protección a la mujer y está convencida de que el Código Penal no puede ser el único instrumento de lucha porque, mal utilizado, puede incentivar más la violencia.

 

LA SITUACIÓN ACTUAL

“Hay caza de brujas y no se sabe qué hacer”

María Sanahúja asegura que actualmente se ha establecido un régimen de funcionamiento en materia de malos tratos que es “absolutamente totalitario, hay caza de brujas”. “Todos, jueces, fiscales, abogados... no sabemos qué hacer para parar esta situación”, comenta y explica que hay abogados que le dicen que no pueden sugerir a un cliente que está equivocado y que, ante una noticia de homicidio, lo primero que se investiga es si había o no “papelito” del juez. La decana es consciente de que será duramente criticada por cada una de las disfunciones que denuncie.

— ¿Quiere decir que teme pronunciarse de con independencia?

 

Entrevista:

–¿ Qué le motivó a hacer esas declaraciones?

–Yo levanté el primer cadáver de mujer muerta a manos de su marido en Cornellá en 1997. Entonces reaccionamos, comenzamos a sumar víctimas y también a acordar medidas de protección, algo que se hacía también antes de que existiera la Ley integral. Entonces ya percibí que había una tendencia por parte de algunas mujeres a denunciar al otro porque pensaban que así obtenían mejores condiciones tras un proceso de ruptura matrimonial. Antes se investigaba, preguntábamos a parientes, vecinos, profesores... a todo el mundo y resolvíamos con rapidez a pesar de acabar a las 11, 12 o una de la madrugada. Lo podíamos hacer en ciudades pequeñas. Ahora, con miles de órdenes de protección, alentadas por la Ley, hay un Código Penal que lo penaliza todo y agresiones que no causan ninguna lesión se castigan con prisión. Los casos llegan al juzgado y, sin tiempo para investigar, se hace un juicio rápido y hechos que no son graves acaban siendo delitos de prisión. Eso no es razonable. No se puede dejar todo el aparato judicial en manos de lo que te dice una señora. Las verdades son muy subjetivas a veces.

–Interpreto que, lejos de mejorar, la nueva Ley lo agrava todo.

–Ya con la reforma legal que hizo el gobierno del PP, y que ahora se ha continuado, se fomentaba el uso del Código Penal como principal instrumento para luchar contra este problema y, usado de manera desproporcionada, es capaz de incentivar aún más la violencia. El actual Gobierno ha abundado en la misma línea errónea. Ahora todo es delito y justo las respuestas que pensamos que pueden llegar a solucionar los conflictos se eliminan, como ha ocurrido con la mediación. Hay otras medidas educativas, sanitarias, preventivas en definitiva que están bien, pero ahí no ha llegado aún el dinero.

–¿Es un problema de fondos?

–Se podría hacer mejor simplemente coordinando los recursos. El peso no puede recaer sólo en los juzgados, tampoco en la Policía, pero si todas las administraciones (también la sanitaria, la educativa...) nos unimos y establecemos cauces, se podrá investigar en poco tiempo y dictar resoluciones con elementos que nos permitan identificar y atajar la situación real. Y hay que emplear medios en intentar que la gente resuelva sus conflictos de manera pacífica y sin llegar al banquillo. La gente es civilizada y yo no creo, como dicen algunas como Ana María Pérez del Campo, sin estudio ni prueba alguna, que un 70 por ciento de procesos de ruptura escondan situaciones de violencia doméstica.

Dos tercios de estos procesos son de mutuo acuerdo. Claro que si entendemos por violencia un reproche... el perfil de la mujer maltratada se convierte en el perfil de todas las mujeres. Hay casos graves, pero se pueden detectar si se emplean bien los medios, y no hay que tratar todos por igual, como si las mujeres fuéramos menores de edad, incapaces de decidir si queremos perdonar o no a nuestra pareja tras una discusión.

–Al oírla da la sensación de que los jueces están atrapados por un Código Penal muy rígido.

–Muchos compañeros hacen a veces lo imposible por no aplicar un Código Penal que se ve a todas luces que es injusto, estamos trabajando para no aplicar un Código Penal que nos repugna a todos y nos parece espantoso. Ya algunos jueces han hecho interpretaciones para dejar sin efecto órdenes de alejamiento.

–¿Existen datos para contrastar esta situación?

–No y los datos que nos han enseñado hasta ahora son confusos, los números del Observatorio para la Violencia Doméstica no cuadran. Ya se debería haber evaluado qué pasó con la reforma de 2004, hay que hacer estudios generales. Uno de la Universidad Autónoma adelanta que se está produciendo un 50 por ciento de absoluciones en Barcelona ciudad. Si esto fuera así, querría decir que hay algo que hacemos mal, como absolver a un culpable y condenar, si no a un inocente, a alguien con fines que no se corresponden con la gravedad de sus hechos.

–¿Cómo reaccionan los jueces?

–Muchos ya no tramitan juicios rápidos para poder tener un informe previo y más detallado.

–Lo absurdo es que los juicios rápidos se aplican en estos casos para evitar colapsos y frenar a tiempo situaciones graves.

–Sí, pero como se está enfocando ahora la cosa no se arregla nada. Las denuncias han crecido mucho y también las órdenes de protección pero a veces no hacemos más que dar papelitos. Por eso hay que investigar y no sólo juzgar rápido porque sólo así se detectan los casos graves y se pueden evitar.

–¿La Ley hace daño a algunos?

–Sí. Si una pareja discute y el hombre empuja a la mujer, eso acaba en el juzgado y lleva a la separación de los hijos del padre. Y el argumento es que hay que separar a los niños de personas violentas para evitar que reproduzcan sus conductas. Es un discurso perverso.

–Hay una intención manifiesta de evitar esos automatismos que recoge el artículo 57.2.

–Hay muchas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Se habla de víctima y agresor desde el minuto cero, sin presunciones, y hay que cambiar el principio de proporcionalidad de las penas.

–Esos planteamientos chocan con los del feminismo fundamentalista de género.

–Se está judicializando la vida familiar y esto pasa porque en una separación niño va con pensión y pensión con piso normalmente.

–La Ley del Divorcio concilia poco con la Ley integral ¿no?

–Ya no hay que esgrimir causas para divorciarse y eso significa que ya no tiene por qué haber siempre un culpable y, por tanto, alguien que tenga más derecho que otro a quedarse con la casa. Por esto, entre otras cosas, la custodia compartida no se acepta: la Ley estimula las denuncias, verdaderas o no, y éstas impiden esta medida.

–¿Qué interés hay tras este radicalismo feminista?

–A veces es sólo ánimo de venganza y también están las subvenciones para los centros que se han creado. Yo no he visto ningún otro delito sobre el que se diga con ilusión que han aumentado las denuncias. Eso pasa con todo, las ONG se convierten en negocios.