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El 38% de los recursos de amparo
registrados en los seis primeros meses de este año en el
Tribunal Constitucional están relacionados con la inmigración,
según reveló ayer la presidenta de este órgano, María Emilia
Casas, que aseguró que desde hace 20 meses el Constitucional
"está inundado" por recursos de extranjeros. Casas volvió a
reiterar ayer la necesidad urgente de una reforma para evitar
que los recursos de amparo impidan el trabajo efectivo de los
magistrados.
La presidenta del Constitucional
facilitó las cifras del número de asuntos que han entrado en
el tribunal durante los seis primeros meses de 2006. Son un
total 6.953, de los cuales 6.761 son recursos de amparo, y de
éstos 2.600 (un 38% del total) han sido ejercidos por los
inmigrantes. "Son cifras que producen escalofríos, no hay
Tribunal Constitucional que lo resista", indicó María Emilia
Casas para referirse al incremento de este tipo de recursos.
Esta situación se ve agravada si se
tiene en cuenta que el porcentaje de los recursos de amparo
que el Constitucional admite cada año no supera el 4%. Son
precisamente estos recursos, se quejó Casas, los que merecen
el tiempo y esfuerzo de los magistrados, y no el 96% restante,
de los que hay que realizar providencias de inadmisión que
ocupan mucho tiempo y "no se publican en ningún lado".
El número de providencias, que en la
actualidad asciende a 13.000, podría aumentar en seis meses a
16.000 si continúa el ritmo actual, e impide el trabajo y las
decisiones rápidas sobre cuestiones importantes como son, por
ejemplo, los recursos contra los estatutos de autonomía, según
la magistrada.
Petición de
reforma
María Emilia Casas, que participó en la
clausura del curso de Periodismo Jurídico organizado por la
Escuela de Periodismo UAM/ EL PAÍS y el Consejo General del
Notariado, solicitó una reforma de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional, actualmente en trámite en el
Parlamento, para evitar el colapso. Sugirió
para ello al menos tres cambios que impidan la llegada masiva
de recursos de amparo. El primero sería una
clarificación de las vías de llegada al Tribunal
Constitucional de los recursos. El proyecto de ley que se
encuentran en el Parlamento ya relaciona técnicas concretas
sobre este asunto, como la extensión del incidente de nulidad
de actuaciones con carácter general antes de interponerse un
recurso de amparo.
El segundo cambio sería la exigencia a
la demanda de amparo de que tenga un interés
constitucional trascendente. Por último, según Casas,
"el legislador tiene que buscar una vía para que el Tribunal
Constitucional reinvierta los términos y haga un trabajo en
positivo, y no un trabajo en negativo", esto es, la transición
desde una modelo de inadmisión a un modelo de admisión de
recursos de amparo "para dar su tiempo a aquello de lo que se
va a ocupar, y no tantísimo tiempo perdido a aquello que no
admite".
Nos preguntamos qué pasaría si se
apartara a los jueces que no cumplen con la doctrina del
Tribunal Constitucional. ¿No habría sí menos recursos de
amparo?. ¿No se acabaría así con el
desgobierno judicial?
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