El Gobierno firmará
un protocolo de actuación para la violencia de género
AGENCIAS / elmundo.es / CNN+ / Redacción Web policial
La
Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y
el Ministerio del Interior han sentado este lunes las bases de un
protocolo de actuación para reforzar y extremar las medidas de
protección a las víctimas de violencia de género y coordinar más
eficazmente a fuerzas policiales y órganos judiciales.
CNN+. Tras
entrevistarse con el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio
Camacho, la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género,
Montserrat Comas, explicó que la urgencia de esta reunión se debe a
los tres casos de violencia mortal contra mujeres registrados la
semana anterior, cuyos agresores incumplieron las órdenes de
alejamiento que sobre ellos pesaban.
Uno de los fines del
protocolo es "dar una respuesta tajante, rápida y urgente ante el
incumplimiento" de las medidas cautelares dictadas por un juez y "que
se activen las mecanismos contemplados ya en la ley", manifestó la
juez en una breve rueda de prensa.
Además, añadió, se trata de "sentar las bases de
coordinación entre la policía nacional, la Guardia Civil, las fuerzas
autonómicas y las policías locales", en el caso de que la futura Ley
Integral contra la Violencia de Género decida que la policía municipal
"entre a formar parte de esta importante tarea de control y
cumplimiento de las Ordenes de Protección".
En la reunión, a
la que asistió el fiscal jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía
General del Estado, Manuel Marchena, se abordó también el "interés de
estudiar de qué forma priorizar las órdenes de protección a efectos de
que haya una respuesta policial adecuada en aquellos casos donde
exista un determinado nivel de riesgo".
Mecanismos actuales para proteger a la mujer maltratada
y ofrecerle una nueva vida
Una mujer maltratada
tiene hoy en su mano más posibilidades que hace unos años de salir
de la espiral de terror en la que se ha convertido su vida, aunque aún
quedan profundas carencias asistenciales y legales que tratan de
suplir las últimas iniciativas.
Una persona que se siente
amenazada debe huir y pedir ayuda. Son muy diversas las puertas a las
que puede tocar una mujer maltratada
en caso de urgencia, recuerda Antonio Oliver, psicólogo experto en
víctimas de malos tratos: Policía, departamentos de Asuntos Sociales,
Guardia Civil, juzgados, hospitales y, principalmente, los centros de
emergencia (donde las víctimas podrán refugiarse durante dos semanas).
Desde cualquiera de estos organismos oficiales se pondrá en marcha la
red social de asistencia, en la que representa un papel clave las
Casas de Acogida repartidas por toda España.
Protección en menos de 72 horas
La inmediatez en la
asistencia a una mujer que corre peligro es un factor esencial para
garantizar su protección y en esta línea se mueve la Orden de
Protección aprobada por el Gobierno de José María Aznar. Esta
iniciativa, en vigor desde hace ocho meses, permite activar en un
máximo de 72 horas las medidas cautelares contra el supuesto agresor y
el acceso a la asistencia social y económica por parte de la víctima.
El objetivo de la Orden de Protección es unificar los distintos
instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de malos tratos, y se
dicta tras un "rápido y sencillo" procedimiento judicial cuando se
denuncia un delito o una falta relacionada con la violencia de género.
Esta orden puede ser reclamada por la víctima o sus familiares más
cercanos, que tienen la opción de acudir bien directamente al juez o
bien al fiscal, las fuerzas de seguridad, las oficinas de atención a
las víctimas o los servicios asistenciales públicos.
La
solicitud es remitida de forma inmediata al juez de guardia, que
fijará una audiencia urgente con la víctima o su representante, con el
solicitante de la orden y con el agresor, todo ello en un plazo máximo
de 72 horas.
Además de las medidas cautelares, como el
alojamiento, se pueden solicitar otras de vivienda, el régimen de
custodia y visitas a los hijos, o el régimen de prestación de
alimentos. Estas disposiciones permanecen en vigor durante un mes, y
después serán ratificadas o modificadas por el juez de primera
instancia.
Plan Integral contra el terrorismo doméstico
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tratará de reforzar la
protección actual y la asistencia a las víctimas con un Plan Integral
de Violencia de Género, que quiere remitir antes del 30 de junio al
Congreso, donde espera lograr el máximo consenso político y social.
Se crearán servicios de atención e información inmediata a la mujer,
centros de emergencia para asistir a las mujeres y a sus hijos y de
recuperación integral. La ley incluirá medidas para apoyar a las
víctimas a la hora de reorientar su vida con ayudas económicas que les
permitan independizarse y formación para el empleo.
También se generalizarán o ampliarán las ayudas
existentes, se favorecerá el acceso de las víctimas a las viviendas de
protección oficial y se mejorará el modelo que bonifica a las empresas
que las contratan. A juicio del Ejecutivo, otro de los instrumentos
claves para la erradicación de la violencia será la educación en el
respeto a la mujer desde edades muy tempranas. También se impondrán
límites a la publicidad que utiliza el cuerpo de la mujer.
Otro punto fundamental será la creación de una delegación del Gobierno
contra la Violencia de Género y la especialización de profesionales
dentro del orden penal para que los juzgados de instrucción puedan
ocuparse específicamente de los casos de violencia de género. En este
mismo sentido se ha expresado, el fiscal general del Estado, Cándido
Conde Pumpido, para quien la Justicia no ha alcanzado "las cotas de
agilidad y eficacia que serían necesarias" para luchar contra la
violencia doméstica.
Para aumentar la eficacia de la orden de protección de las
víctimas que funciona en la actualidad, el Gobierno reforzará las
dotaciones de las fuerzas de seguridad especializadas en estos casos e
implicará a todas los cuerpos, incluidas las policías locales.
El proyecto será la labor fundamental de la secretaría
general de Igualdad que se creará en el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, de la que dependerá el Instituto de la Mujer y la
delegación del Gobierno contra la Violencia de Géneros.
El
Gobierno aspira a que con esta normativa comience a invertir,
definitivamente, la espiral de agresiones y muertes.
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