lunes, 01 de agosto de 2005
El Nuevo Plan de Vivienda 2005-2008 equipara a las víctimas de la
violencia de género y víctimas del terrorismo con otros grupos
sociales que se benefician de las ayudas de acceso a una vivienda
de protección oficial en arrendamiento o propiedad.
De esta manera bajo la condición económica de que la persona que
demanda las ayudas de protección oficial no supere 3,5 veces el
sueldo mínimo interprofesional, podrán percibir ayudas financieras
como préstamos convenidos, ayudas directas para la primera entrada
del piso, subsidios de préstamos, subsidios de alquiler...
Sin embargo debido a las condiciones sociales que tienen reciben
un tratamiento especial, viéndose eximidas de la condición expresa
de que una unidad familiar o persona que acceda a las VPO debe
habitarlas durante un tiempo prolongado teniendo la vivienda como
residencia habitual. Este hecho influye tanto a la vivienda en
arrendamiento como en propiedad, las cuales podrán ser cedidas
temporalmente sin perjuicio de perder los subsidios. Además el
marco legal establece que si éstas deben abandonar la vivienda no
están obligadas a devolver a la administración las ayudas
económicas prestadas. La mujer maltratada necesita de una alta
movilidad que se refleja en el cambio de vivienda e incluso en
ocasiones de ciudad, la concesión citada “viene a ser una solución
correcta, pero deberá de establecerse un marco de actuación en
situaciones de urgencia para que el alquiler pueda ser realmente
útil para las víctimas”, según fuentes próximas a la problemática.
Otro tratamiento especial para este grupo social se produce en la
prestación de ayuda estatal directa a la cuota de entrada para la
compra de un piso de VPO, cuando entre los miembros de la unidad
familiar “haya víctimas de la violencia de género o del
terrorismo” la cuantía percibida será de 7.900 euros si los
ingresos del solicitante no superan 2,5 veces el Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples ó 4.900 euros si los ingresos del
solicitante exceden de 2,5 pero no superan los 3,5. A pesar de la
buena voluntad que se muestra en el Plan los responsables sociales
están a la expectativa de cómo van a resolver cada una de las
Comunidades Autónomas el reglamento, y cómo lo van a trasladar a
las mujeres afectadas, de modo que no se quede sólo en papel
mojado. Es importante tener en cuenta que las instrucciones deben
llegar a los municipios puesto que sus servivcios sociales son los
que establecen relaciones directas con los ciudadanos y los que
conocen a las vícticas de la violencia
de género.
Además, se debe crear un protocolo coordinado con diferentes
entidades de atención que pueden estar implicadas (juzgados,
SERVEF, Equipos Sociales de Base, Centros de atención 24 horas,
Dirección de la Mujer, y los diferentes cuerpos de policía y
Guardia Civil), para no solapar las actuaciones. |