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Abogados de familia alertan sobre el aumento de denuncias falsas de maltrato para agilizar el divorcio
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Las demandas se tramitan en juicios rápidos en los juzgados especiales de violencia contra la mujer
Efe Madrid
El presidente de la Asociación Española de Abogados de Familia, Luis Zarraluqui, alertó ayer de la "cantidad enorme" de denuncias falsas de violencia de género que se presentan para conseguir un divorcio ágil, dado que las demandas se tramitan en juicios rápidos en los juzgados especiales de violencia contra la mujer. En una entrevista con Efe, cuando se cumple hoy un año de vigencia de la reforma del divorcio, Zarraluqui advirtió de ese "uso torticero" de las denuncias de violencia doméstica, que "ha colapsado" la actividad de los citados juzgados especiales. "El abuso ha generado la ineficacia del fin perseguido" por esos juzgados, denunció este abogado. Una consecuencia indeseada se ha registrado, por ejemplo, en Valencia, donde la jurisdicción de familia funcionaba de manera "vertiginosa" y, a pesar de ello, las demandas de divorcio se han trasladado a los juzgados de violencia sobre la mujer, que se han atascado, señaló. Un año después de la reforma, que eliminó la obligación de alegar causas para el divorcio y suprimió la exigencia de separación previa, Zarraluqui estimó que no han aumentado de forma importante las rupturas, aunque sí se ha constatado que las parejas que acaban con su matrimonio solicitan de forma directa y "masivamente" el divorcio. Como siempre, continuó, hay "excepciones" que han preferido la separación previa, "algunos por motivos confesionales y otros porque les queda alguna esperanza de recuperar la pareja". Precisamente debido a la desaparición de la exigencia de separación previa, se han reducido los plazos requeridos para la ruptura definitiva del matrimonio, aunque, advirtió Zarraluqui, "el divorcio no es ni más rápido ni menos rápido que antes, ya que depende de la carga de trabajo de cada juzgado". Los de mutuo acuerdo son un procedimiento sencillo, pero los contenciosos pueden prolongarse meses, ya que los medios de los juzgados no se han ampliado. Los equipos psicosociales, por ejemplo, siguen siendo los mismos y si el juez requiere un informe para otorgar la custodia compartida, "pueden tardar cuatro meses", añadió Zarraluqui, para quien "la teoría puede ser buena, pero es necesario poner los medios". Custodia compartida El punto de la reforma que, según el presidente de los abogados de familia, generó más expectativas, principalmente entre los hombres, ha sido la posibilidad de obtener la custodia compartida de los hijos, aunque la otra parte no esté de acuerdo. Esta posibilidad, polémica durante la tramitación de la ley dada la oposición de muchas asociaciones de mujeres, se está poniendo en práctica y funciona "relativamente, aunque no con el automatismo que esperaban muchos padres". "Se están concediendo, pero la regla sigue siendo que uno sólo de los progenitores se quede con la custodia", explicó Zarraluqui, tras recordar que para compartirla hay que cumplir numerosos requisitos, como que los domicilios estén cerca, que el sistema educativo sea parecido o "que haya posibilidades de diálogo entre los padres". Además, apuntó, "todavía hay jueces que no lo ven" y que incluso siguen rechazando custodias compartidas solicitadas de mutuo acuerdo entre los progenitores. Otra de los puntos conflictivos en el debate previo a la aprobación de la reforma fue el informe del Consejo General del Poder Judicial, que consideró -con los votos de la mayoría conservadora- que si no se exigía a los miembros de la pareja alegar causas para solicitar el divorcio se crearía una figura que sólo existe en la tradición musulmana: el repudio. Para Zarraluqui, "es evidente que con la legislación actual, nos suene bien o mal, un divorcio solicitado sólo por una de las partes, sin alegar causa, es un repudio", aunque hay que tener en cuenta que éste puede venir tanto del hombre como de la mujer.

La justicia es lenta, ineficaz, arbitraria, incoherente, discriminatoria con los acusados,
abusiva, en el uso de la prisión preventiva y depositaria de un poder excesivo.
Demoscopia 1995. El País