Un hallazgo casual. La Fiscalía de Cádiz atribuye prácticamente a la suerte la inminente puesta en libertad de Rafael Ricardi, un reo que lleva 13 años en prisión que el Ministerio Público ahora piensa que no cometió. Y lo argumenta con una prueba fundamental conseguida casi milagrosamente: un descarte de ropa de la víctima no examinada entonces que permanecía almacenada desde hace una década en los almacenes del Instituto Nacional de Toxicología.

La petición de la fiscal Ángeles Ayuso permitió encontrar esa prenda, realizar un análisis y descubrir restos no hallados hasta ahora. Pertenecen a dos hombres distintos ya identificados. Ninguno es Ricardi. Ahora la Fiscalía pide su excarcelación inmediata.

Ricardi lleva encerrado desde 1995 por aquella violación. Fue condenado con el testimonio de la víctima como principal prueba inculpatoria. La mujer le identificó por la voz y un defecto en la vista. Fue sentenciado a 36 años de prisión. En 2000 la policía empezó a sospechar que era inocente, cuando un informe del Instituto Nacional de Toxicología concluyó a través del análisis de una gasa que los restos de ADN no eran de Ricardi, aunque ni fiscalía ni defensa reclamaron la revisión de la condena porque no se hallaron restos del segundo agresor y porque la principal prueba contra él había sido el testimonio de la víctima.

Esos restos de ADN pertenecían a Fernando Plaza, como pudo descubrir la Policía cuando detuvo a este hombre por otro delito en junio de 2007. También fue arrestado Juan Baños, al que la investigación apunta como presunto compañero de fechorías. Eso se supo en abril de este año. Fue entonces cuando la Fiscalía ordenó reabrir la causa. Después de 10 reconocimientos, 13 declaraciones de testigos, varias de imputados, localizaciones de fichas policiales de Ricardi y Plaza y seis tomas complementarias de ADN la Fiscalía seguía manteniendo su postura inicial de que no había motivos para revisar la condena.

Sólo hasta que la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, no tuvo en su poder los resultados de las nuevas pruebas toxicológicas, que descartan a Ricardi, el Ministerio Público no ha tomado su decisión de reclamar la excarcelación del reo, a través de la libertad condicional y un tercer grado, y de pedir la revisión del caso ante el Tribunal Supremo. Una medida en la que ha intervenido directamente la Fiscalía General del Estado.

El Ministerio Público tiene por delante investigar la cadena de errores que han mantenido a un inocente tantos años en la cárcel. Entre ellos, el que se permitiera a la víctima lavarse las manos en comisaría en la noche del suceso, que no se analizara el casco y la moto en la que viajaba la mujer cuando fue agredida o que en las fotos que vio para identificar al violador sólo en una apareciera un hombre con un defecto en la vista. Él era Rafael Ricardi. La familia ya anunció que reclamará indemnizaciones y responsabilidades por estos fallos. La Fiscalía investiga una decena de violaciones ocurridas en la bahía de Cádiz durante aquella época, en la que podrían estar implicados Plaza y Baños.