QUINTA SECCIÓN





CASO DE ZAUNEGGER contra Alemania

(Aplicación no. 22028/04)










SENTENCIA


ESTRASBURGO

3 de diciembre 2009

Esta sentencia se convierte en definitiva en las circunstancias previstas en el artículo 44 § 2 de la Convención. Puede ser objeto de revisión editorial.


 

En el caso de Zaunegger contra Alemania,

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Quinta Sección), sentado en una sala compuesta de:

Peer Lorenzen, Presidente,
Karel Jungwiert,
Rait Maruste,
Marcos Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, jueces,
Bertram Schmitt, juez ad hoc,
, y Stephen Phillips, Vice Secretario de Sección,

Después de deliberar en privado el 20 de octubre de 2009,

Dicta la siguiente sentencia, que fue aprobado en la última fecha mencionada:


PROCEDIMIENTO

1. El caso se originó en una aplicación (N º 22028/04) contra la República Federal de Alemania ante el Tribunal en virtud del artículo 34 de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales ( "la Convención") por un nacional alemán , el Sr. Horst Zaunegger ( "el solicitante"), el 15 de junio de 2004.

2. La demandante estuvo representada por el Sr. F. Wieland, abogado ejerciente en Bonn, y posteriormente por el Sr. G. Rixe, abogado ejerciente en Bielefeld. El Gobierno alemán ( "el Gobierno") estuvieron representados por su agente, la Sra. A. Wittling-Vogel, Ministerialdirigentin, del Ministerio Federal de Justicia.

3. El solicitante alegó que los tribunales nacionales habían vulnerado su derecho al disfrute de su vida familiar y la discriminación contra él como un padre soltero.

4. Por decisión de 1 de abril de 2008, el Tribunal de Justicia declaró la admisibilidad del recurso.

5. La Sala decidió, tras consultar a las partes, que no era necesaria una audiencia sobre el fondo (artículo 59 § 3, in fine), las partes respondieron por escrito a los demás observaciones.

6. Juez Jaeger, el juez elegido en respecto a Alemania, se retiró de la sesión en el caso (artículo 28 del Reglamento de la Corte). El 3 de agosto de 2009, el Gobierno, de conformidad con el artículo 29 § 1 (a), informó a la Corte que había nombrado al Sr. Bertram Schmitt, como juez ad hoc en su lugar.


LOS HECHOS

I. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO

7. La demandante nació en 1964 y vive en Pulheim.

8. El solicitante es el padre de una hija nacida fuera del matrimonio en 1995. La demandante y la madre del niño separado en agosto de 1998. Su relación había durado cinco años. Hasta enero de 2001, la hija vivía con el solicitante, mientras que la madre se había mudado a otro apartamento que estaba ubicado en el mismo edificio. Como los padres no hacer una declaración la custodia conjunta (Gemeinsame Sorgerechtserklärung), a la madre la custodia exclusiva (alleinige Personensorge), de conformidad con el artículo 1626a § 2 de la Código Civil alemán(Código Civil de Alemania, véase la legislación nacional pertinente y la práctica más adelante).

9. En enero de 2001, el niño se trasladó a la madre plana. Posteriormente, los padres comenzaron a discutir acerca de contacto con el solicitante con el niño. En junio de 2001 llegaron a un acuerdo con la asistencia de la Colonia-Nippes Oficina de Bienestar de la Juventud (Jugendamt Köln-Nippes), según la cual el solicitante tendría contacto con el niño cada miércoles por la tarde hasta el jueves por la mañana, todos los domingos de 10 am hasta el lunes por la mañana y la mitad de cada día de fiesta, que asciende a un total de aproximadamente cuatro meses al año.En 2001, el demandante solicitó una orden de custodia compartida, como la madre no estaba dispuesto a ponerse de acuerdo sobre una declaración de la custodia compartida, aunque por otra parte ambos padres eran de cooperación y en buenos términos.

10. El 18 de junio de 2003, el Tribunal de Distrito de Colonia (Amtsgericht Köln) desestimó el recurso de la demandante. Se encontró que no había base para una orden de custodia conjunta.Según la ley alemana, la custodia conjunta de padres de niños nacidos fuera del matrimonio sólo puede obtenerse a través de una declaración conjunta, el matrimonio o una orden judicial en virtud del artículo 1672 § 1 del Código Civil, ésta se requiera el consentimiento del otro progenitor. La Colonia Tribunal de Distrito consideró que el artículo 1626a del Código Civil es constitucional y se refirió a una resolución líder de la Corte Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht) de 29 de enero de 2003 (véase § § 18-21, infra). Visto el hecho de que la legislación vigente no permitía una decisión diferente, el Tribunal de Distrito no consideró necesario oír a las partes interesadas en persona.

11. La demandante apeló y el 2 octubre 2003 el Colonia Tribunal de Apelaciones (Oberlandesgericht Köln) desestimó el recurso. Se razonó que, como la demandante y la madre no están casados, la participación de la demandante en el ejercicio de la custodia sólo era posible en conformidad con el artículo 1626a del Código Civil. La demandante y la madre, sin embargo, no presentó la declaración exige la custodia compartida. En su sentencia de 29 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional Federal ha determinado que el artículo 1626a del Código Civil es constitucional en lo que respecta a la situación de los padres de niños nacidos fuera del matrimonio que se había separado después del 1 de julio de 1998. El Tribunal de Apelación de Colonia, señaló que la demandante y la madre del niño se habían separado en agosto de 1998. Por lo tanto, habían tenido un período de un mes y medio antes de separarse en la que se podría haber hecho una declaración en la custodia compartida. El Tribunal de Apelación de Colonia señaló además que la nueva legislación, que entró en vigor el 1 de julio de 1998, había recibido la atención del público durante un período considerable. Los padres no casados era de esperar, por tanto, han mostrado interés en el asunto y han notado la nueva legislación.

12. El 15 de diciembre de 2003, el Tribunal Constitucional Federal, en referencia a las disposiciones pertinentes de su Reglamento, se negó a examinar la denuncia constitucional de la demandante, sin dar mayores explicaciones.

II. Interna aplicable y el derecho comparado y PRÁCTICA

13. Las disposiciones legales sobre la custodia y de contacto se encuentran en el Código Civil alemán (el "Código Civil"). § 1 del artículo 1626 del Código Civil establece que el padre y la madre tienen el derecho y el deber de ejercer la patria potestad (elterliche Sorge) sobre un niño menor de edad.

14. En cuanto a los niños nacidos fuera del matrimonio, la custodia fue de conformidad con el antiguo artículo 1705 del Código Civil obtenida automáticamente por la madre. Sin embargo, esta disposición fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional Federal en 1996. El 1 de julio de 1998, la ley enmendada sobre Asuntos de Familia, de 16 de diciembre de 1997 (Reform zum Kindschaftsrecht, Gaceta Federal 1997, p. 2942), entró en vigor para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 1996. La ley correspondiente en el Código Civil se ha cambiado la manera siguiente: en virtud del artículo 1 § 1626a, los padres de un menor nacido fuera del matrimonio puede ejercer la custodia compartida si hacen una declaración a tal (efecto de declaración de la custodia compartida) o si se casan. De lo contrario el artículo 1626a § 2 establece que la madre obtiene la custodia exclusiva.

15. Si los padres tienen no sólo temporalmente separados y si la madre tiene la guarda y custodia exclusiva de conformidad con el artículo 1626a § 2 del Código Civil, artículo 1672 § 1 del Código Civil establece que el tribunal de familia podrá transferir la custodia exclusiva a la otra padres si uno de ellos presente la solicitud correspondiente, con el consentimiento del otro padre.La solicitud se concederá si la transferencia es del interés del niño. § 2 del artículo 1672 del Código Civil establece que en el caso de una cesión del derecho a la custodia de conformidad con el artículo 1672 § 1 del Código Civil, el tribunal de familia puede ordenar posteriormente la custodia conjunta sobre la aplicación de uno de los padres con el consentimiento de la otro padre a menos que sería en detrimento del niño. Lo mismo se aplica si la transferencia de custodia en virtud del artículo 1672 § 1 del Código Civil se anuló posteriormente.

Por el contrario, los padres ejercen la patria potestad conjunta antes de su separación, ya sea porque el niño había nacido dentro del matrimonio, los padres se han casado después del nacimiento del niño o han hecho una declaración en la custodia conjunta, la custodia conjunta después de su separación sin que el tribunal a petición de un padre la custodia exclusiva de premios a la segunda, de conformidad con el mejor interés de conformidad con el niño artículo 1671 del Código Civil.

16. En virtud del artículo 1666 del Código Civil, el tribunal de familia puede ordenar las medidas de protección necesarias si el desarrollo físico, psicológico o mental, el bienestar se ve amenazado por la negligencia y si los padres no están dispuestos a tomar esas medidas en sí. Medidas que se traducen en la separación del niño de uno de los padres sólo son admisibles si el niño estaría en riesgo de otro modo (artículo 1666a del Código Civil).

17. El 29 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional Federal consideró que el artículo 1626a del Código Civil era inconstitucional porque carecía de un período transitorio para las parejas no casadas con hijos que vivían juntos en 1996, pero que se había separado antes de la ley enmendada sobre Asuntos de Familia entró en en vigor el 1 de julio de 1998 (es decir, aquellos que no pudieron hacer una declaración en la custodia conjunta antes del 1 de julio de 1998). A fin de resolver las mencionadas deficiencias constitucionales, el legislador alemán ha introducido el artículo 224 (2) (a) de la Ley de Introducción al Código Civil (Einführungsgesetz das Bürgerliche Gesetzbuch), el 31 de diciembre de 2003, según la cual un tribunal puede sustituir el consentimiento de la madre a la custodia compartida, si una pareja no casada tiene un hijo nacido fuera del matrimonio, han convivido con el niño y se separaron antes del 1 de julio de 1998, a condición de que la custodia compartida en el mejor interés del niño (Kindeswohl).

18. En su sentencia de 29 de enero de 2003, el Tribunal Constitucional Federal también declaró que el artículo 1626a § 2 del Código Civil, además de la falta de un período de transición, no violó el derecho al respeto de la vida familiar de los padres cuyos hijos nacieron fuera del matrimonio. Los padres que se casaron había obligado a sí mismos en el matrimonio a asumir la responsabilidad para sí y sus hijos. En contraste con esto, el legislador no puede asumir que los padres de los niños nacidos fuera del matrimonio, vivían juntos, o quería asumir la responsabilidad de unos a otros. No hubo pruebas suficientes de que un padre de un niño nacido fuera del matrimonio se quiere cargar con una responsabilidad conjunta como norma general. El niño es el bienestar, la Comisión exigió que el niño había una persona al nacer, que podría actuar para que de una manera jurídicamente vinculante. En vista de las condiciones de vida muy diferentes en las que los niños nacieron, por lo general era justificable para conceder la custodia exclusiva a la madre, y no al padre oa ambos padres. Esta legislación no podía también ser objetadas desde el punto de vista constitucional, porque el legislador tuvo en cuenta tanto los padres de niños nacidos fuera del matrimonio la posibilidad de obtener la custodia a través de una declaración conjunta.

19. El Tribunal Constitucional Federal determinó que el legislador puede legítimamente suponer que la custodia conjunta, que se ejerce contra la voluntad de uno de los padres tendría más inconvenientes que ventajas para un niño nacido fuera del matrimonio. La custodia compartida requiere un mínimo de acuerdo entre los padres. Si los padres no pueden o no quieren cooperar, la custodia conjunta podrían ser perjudiciales para el niño el bienestar. El legislador supone que la voluntad de ejercer la custodia compartida que los padres manifestaron explícitamente en el matrimonio también mostraron su voluntad de cooperar. Los padres solteros pueden expresar esta voluntad de cooperar a través de una declaración de la custodia compartida. El derecho del padre a la custodia de hecho depende de la voluntad de la madre para ejercer la custodia compartida, pero la madre, a su vez no podía exigir la custodia compartida sin el consentimiento del padre. Los padres sólo podían ejercer la custodia compartida si ambos queríamos. Esta limitación en el derecho del padre a que se respete su vida familiar no era injustificada, dado que la custodia conjunta ejercida por una pareja casada que se basaba en su matrimonio. La ley aplicable dio las parejas no casadas la posibilidad de ejercer la custodia compartida, en particular, si vivían con el hijo y no después de que la pareja se había separado. El legislador podía legítimamente suponer que, si los padres viven juntos, pero la madre se negó a hacer una Declaración de la custodia conjunta, la trata de un caso excepcional en el que la madre tenía serias razones para el rechazo que se basa en el interés del niño. Teniendo en cuenta este supuesto, la ley aplicable no vulneró el derecho del padre a que se respete su vida familiar, al no prever la revisión judicial. En el caso de estas dificultades no se podía esperar que los tribunales consideran que la custodia compartida de estar en el mejor interés del niño.

20. Teniendo en cuenta el hecho de que esta estructura jurídica había sido recientemente establecida, que no había sido posible determinar si existe un número considerable de casos similares en la custodia estaba en disputa o crucial, para llegar a conclusiones acerca de por qué esto debe ser el caso.

21. El Tribunal Constitucional Federal declaró que el legislador estaba obligado a mantener bajo observación la evolución y verificar si los supuestos que había hecho la hora de formar las normas en cuestión eran sostenibles en la cara de la realidad. Si esto no resultó ser el caso, el legislador estaba obligado a revisar la legislación y para proporcionar a los padres con la posibilidad de obtener suficientes derechos de custodia.

22. Un estudio de Derecho comparado, teniendo en cuenta las legislaciones nacionales de una selección de los Estados miembros del Consejo de Europa demuestra que, básicamente, todos los Estados miembros incluidos en la encuesta prevé la patria potestad conjunta de padres no casados a sus hijos nacidos fuera del matrimonio. Los principales elementos a que se refiere como base para permitir que la autoridad parental conjunta de padres no casados son el establecimiento de la paternidad y el acuerdo de los padres a ejercer la autoridad conjunta.

23. Sin embargo, las soluciones en los Estados miembros difieren en cuanto a la atribución de la autoridad parental conjunta para los niños nacidos fuera del matrimonio en caso de no acuerdo entre los padres puede llegar a este respecto.

24. En sólo un número limitado de países de las disposiciones legales se aborden de forma explícita esta cuestión. En algunos países, como Austria, Noruega y Serbia, la legislación nacional establece que el ejercicio de la autoridad parental conjunta de padres no casados se requiere el consentimiento de ambos padres y por lo tanto implica que el padre que no consiente tiene derecho de veto. Por el contrario , las leyes en Hungría, Irlanda y Mónaco parece prever un ejercicio conjunto de la patria potestad, incluso sin el consentimiento de los padres.

25. En algunos Estados miembros como la República Checa y Luxemburgo, mientras que la propia ley no es clara en este asunto, los tribunales nacionales han interpretado las disposiciones aplicables a fin de que la autoridad parental conjunta no sólo con el consentimiento de los padres, mientras que para el ejemplo neerlandés de la Corte Suprema ha declarado que la legislación nacional tiene que ser interpretada a fin de que el padre de un niño nacido fuera del matrimonio para solicitar la patria potestad compartida con la madre, aunque este último no está de acuerdo. Un enfoque similar, parece que debe seguirse en España.

26. Con la excepción de los pocos países donde el derecho de veto de uno de los padres está explícitamente estipulada en la legislación nacional, la solución más común presentado por las legislaciones nacionales es que un tribunal decida sobre el resultado de una disputa similar entre los padres en la petición de uno de los padres teniendo en cuenta el interés superior del niño.Todos los Estados miembros hacen hincapié en la importancia del interés superior del niño en las decisiones relativas a la atribución de la custodia. Para determinar el interés superior del niño en este contexto, los tribunales nacionales suelen tener en cuenta las posiciones de los padres y el niño y las circunstancias particulares del caso, en lo que respecta, entre otras cosas, un interés evidente y compromiso con el niño por los padres respectivos .

27. En resumen, y como también ha señalado el Gobierno, la encuesta confirma que mientras que los diferentes enfoques existentes en los Estados miembros, la mayoría se prevé la participación paternal en la custodia, si los padres no estaban casados entre sí, ya sea con independencia de la madre voluntad o, al menos, por orden judicial tras una evaluación de los intereses del niño.


LA LEY

I. SUPUESTA VIOLACIÓn DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONVENCION ADOPTADAS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 8

28. El demandante presentó una reclamación en virtud del artículo 8 de la Convención de que las decisiones del tribunal deniega la custodia compartida ha vulnerado su derecho al respeto de su vida familiar, y en el artículo 14 en relación con el artículo 8 de la Convención que la aplicación del artículo 2 § 1626a del Código Civil, equivalía a una discriminación injustificada contra los padres solteros por razones de sexo y en comparación con los padres divorciados.

El artículo 8 establece:

El artículo 14 dice lo siguiente:

29. El Gobierno señala que el artículo 1626a § 2 del Código Civil se basa en las diferencias que existían en los respectivos entornos en los que los niños nacidos fuera del matrimonio han nacido, que van desde la relación padre-hijo que estaban intactos a aquellos en los que el padre era indiferente. Con la misión principal de la patria potestad a la madre, cuya identidad - en contraste con el del padre - se estableció en el momento del nacimiento, la intención era tener una clara asignación del derecho de custodia de los efectos jurídicos de la seguridad, de modo que desde el principio, habría una determinación vinculante del representante legal para la protección del niño en cuestión. El requisito de autorización aplicables a ambos padres en el ejercicio conjunto de la patria potestad se basaba en la idea de que los padres que no pudieron ponerse de acuerdo para hacer una declaración de custodia fueron altamente probable que entran en conflicto cuando las preguntas específicas relacionadas con el ejercicio de la patria potestad, estaban en juego , que podrían causar conflictos dolorosos que sería perjudicial para los intereses del niño.

30. Además, el Gobierno subrayó que el Tribunal Constitucional Federal obliga al legislador a mantener ningún tipo de evolución en observación y comprobar si la hipótesis que había hecho la hora de formar las normas en cuestión eran sostenibles en la cara de la realidad. A los efectos de cumplir con esta obligación, el Gobierno ha adoptado diversas medidas, tales como la obtención de datos estadísticos y la realización de encuestas. Un proyecto de investigación sobre la custodia compartida en lo que respecta a los padres solteros se había iniciado en marzo de 2009. Sin embargo, los estudios citados, no había dado aún ningún resultado claro.

31. En opinión del Gobierno, la presunta injerencia en los derechos del padre a través de la disposición legal haciendo la custodia compartida depende de la aprobación de la madre era necesaria en una sociedad democrática para alcanzar el objetivo legítimo de proteger el interés superior del niño, a pesar de que no existía consenso europeo sobre el tema. Si bien es cierto que la mayoría de los Estados miembros previstas para la participación paternal en la custodia, si los padres no estaban casados entre sí, ya sea independientemente de la voluntad de la madre o, al menos, por orden judicial tras una evaluación de los intereses del niño, los demás países europeos (tales como Austria, Liechtenstein, Suiza y Dinamarca) con una normativa similar a los vigentes en Alemania. Como el Tribunal no evaluó la situación legal abstracto, sino la forma en que las normas se aplicaban a la demandante en las circunstancias específicas en cuestión, el acuerdo de los padres, con la asistencia de la Oficina de Bienestar de la Juventud, que dio el contacto solicitante con el niño para un bien cuatro meses al año, había que tener en cuenta. Por lo tanto, la demandante había tenido la oportunidad de desempeñar un papel importante en la vida de su hija. Él no había sido discriminado por la sentencia a favor de la madre ni el fallo había discriminado padres casados o divorciados. Situación de la madre y la situación del padre no eran totalmente comparables, ya que la paternidad no se puede establecer desde el principio si los padres no estaban casadas. Aun teniendo en cuenta la medida de lo posible los intereses de todos los interesados, las disposiciones mencionadas en el Código Civil no estaban vinculadas con el género, sino que trató de regular la patria potestad de manera equilibrada en el caso de los niños nacidos fuera del matrimonio. Por otra parte, la legislación alemana, siempre que la custodia compartida con la madre estaba relacionado con su consentimiento, independientemente de si los padres estaban casados o no. El Gobierno finalmente sostuvo que, dadas las circunstancias del presente caso, no podía descartarse que el orden de la custodia compartida causar conflictos entre los padres y, por tanto, sería contrario al interés superior del niño.

32. El demandante sostuvo que el interés de un niño nacido fuera del matrimonio no justifica que un padre que había cuidado del niño en el pasado no ha podido obtener la custodia compartida.Que la custodia conjunta contra la voluntad de la madre era necesariamente en detrimento del interés superior del niño sigue siendo pura especulación. En virtud de la legislación aplicable, las autoridades y los tribunales ni siquiera han de tener en cuenta el interés superior del niño, dado que la ley prevé explícitamente que un padre no pudo obtener la custodia compartida sin el consentimiento de la madre. Además, el niño no había oído en el presente caso. Artículo 1626 a § 2 del Código Civil se basa en el supuesto de que los padres de los niños nacidos fuera del matrimonio son menos adecuados para ejercer la custodia en comparación con las madres de niños nacidos fuera del matrimonio. La presente solicitud, sin embargo, demostró lo contrario, como el cuidado de la demandante para que su hija había sido realmente excelente. Por otra parte, la República Federal de Alemania no había dado razones suficientes en el caso de autos para excluir el derecho del demandante a la custodia, que estaba dispuesto a hacer ejercicio. El legislador alemán se había asumido que el derecho del padre a la custodia no estaba justificada en vista de la inestabilidad de las relaciones que supuestamente numerosas con hijos nacidos fuera del matrimonio en la sociedad, haciendo caso omiso de los acontecimientos tales como el creciente número de parejas no casadas que estaban dispuestos a ejercer la custodia compartida. Era por lo tanto, inaceptables en general, para excluir la custodia conjunta de padres de niños nacidos fuera del matrimonio, simplemente debido a experiencias negativas con el ejercicio de la custodia conjunta de las parejas en relaciones inestables. Por otra parte, el legislador no había suficiente para cumplir con su obligación de mantener la situación actual y los últimos bajo escrutinio.

33. Como la paternidad de la demandante han sido certificadas desde el principio, no hay inseguridad jurídica en el presente caso. Además, la demandante considera que es inaceptable suponer que la madre de un niño nacido fuera del matrimonio es, a priori, más adecuado que el padre que ejerce la custodia, simplemente porque se había dado a luz a ese niño. Sin embargo, el defecto en la legislación nacional aplicables en la actualidad no es tanto que la madre inicialmente obtener el derecho a la custodia exclusiva de que el padre no tuvo la oportunidad de corregir esa decisión. Incluso si la negativa de la madre para hacer una declaración en la custodia compartida es completamente arbitrario, el padre no tenía ninguna oportunidad de tener esa declaración sustituye por una orden judicial de conformidad con el artículo 1672 § 1 del Código Civil. La situación jurídica infringida, en particular, el derecho del padre a que se respete su vida familiar en situaciones en las que el padre había tenido contacto con el niño por una cantidad considerable de tiempo y estaba estrechamente vinculado con el niño. En cuanto al artículo 14, la demandante alegó que la ley aplicable al solicitante de discriminación por razón de sexo y de los intereses como un padre soltero sin justificación suficiente. El niño no permitiría que la madre de vetar una declaración sobre la custodia compartida. Por otra parte, la demandante no tuvo la oportunidad de sustituir ese veto con una decisión judicial.

34. Habida cuenta de la presunta discriminación contra el demandante en su calidad de padre de un niño nacido fuera del matrimonio, el Tribunal considera que procede examinar el primer caso, conforme al artículo 14 adoptadas en relación con el artículo 8 de la Convención.

35. La Corte reitera que el artículo 14 sólo complementa las otras disposiciones sustantivas de la Convención y los Protocolos. No tiene existencia independiente, ya que tiene efecto únicamente en relación con "el disfrute de los derechos y libertades" protegidos por estas disposiciones. Aunque la aplicación del artículo 14 no supone una violación de esas disposiciones - y en esa medida es autónoma - no puede haber margen para su aplicación a menos que los hechos controvertidos se inscriben en el ámbito de una o más de estos últimos (véase, entre muchas otras autoridades,Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el Reino Unido, sentencia de 28 de mayo de 1985, Series A no. 94, § 71, y Karlheinz Schmidt contra Alemania, sentencia de 18 de julio de 1994, Serie A
no. 291-B, § 22).

36. En consecuencia, procede determinar si el artículo 8 de la Convención es aplicable en el presente caso.

37. En este contexto, la Corte reitera que el concepto de familia en virtud de esta disposición no se limita a las relaciones basadas en el matrimonio y puede abarcar otras de facto "familia" de los lazos que las partes viven juntas fuera del matrimonio. Un niño nacido fuera de esa relación es parte de pleno derecho de la familia de que "la unidad desde el momento y por el hecho mismo de su nacimiento. Así pues, existe entre el niño y sus padres un bono por valor de la vida familiar (véase Keegan contra Irlanda, sentencia de 26 de mayo de 1994, Series A no. 290, § 44). La existencia o no existencia de "vida familiar" en el sentido del artículo 8 es esencialmente una cuestión de hecho, dependiendo de la existencia real en la práctica de los vínculos personales estrechos, en particular el interés y el compromiso demostrable por el padre del niño, tanto antes y después del nacimiento (ver, entre otras autoridades, Lebbink c. los Países Bajos, no. 45582/99, § 36, ECHR 2004-IV).

38. El Tribunal observa además que el disfrute mutuo por un padre y el hijo de la compañía del otro constituye un elemento fundamental de la vida familiar, incluso si la relación entre los padres se ha derrumbado, y las medidas nacionales que obstaculizan el disfrute cantidad como una injerencia en la el derecho protegido por el artículo 8 (véase, entre otros, Johansen c. Noruega,sentencia de 7 de agosto de 1996, de sentencias y resoluciones 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, y Elsholz contra Alemania [GC], no. 25735/94, § 43, ECHR 2000-VIII).

39. La Corte observa que en el presente caso la paternidad de la demandante se estableció desde el principio y que vivía con la madre y el niño hasta que el niño cumpla los tres años y medio.Después de la separación de los padres en 1998, el niño sigue viviendo durante más de dos años con el solicitante. Desde 2001, el niño ha vivido con su madre, mientras que el padre ha disfrutado de los derechos de amplio contacto y tiempo durante el cual ha proporcionado para las necesidades diarias del niño.

40. De ello se deduce que las medidas impugnadas en el presente caso, es decir, las decisiones que desestimó la petición del demandante de que la custodia conjunta, el derecho a ejercer la autoridad parental conjunta en lo que respecta, entre otras cosas, la educación de su hija, la atención y la determinación de dónde debería vivir, ascendió a la interferencia con el derecho del demandante al respeto de su vida familiar protegido por el párrafo 1 del artículo 8 de la Convención.

41. Consiguiente, el Tribunal considera que los hechos de la caída de caso dentro del ámbito de aplicación del artículo 8 de la Convención y que, en consecuencia, el artículo 14 es aplicable.

42. La Corte reitera que en el disfrute de los derechos y libertades garantizados por la Convención, el artículo 14 garantiza la protección contra el trato distinto, sin una justificación objetiva y razonable a las personas en situaciones similares (véase, entre otras autoridades, Hoffmann contra Austria, 23 de junio 1993, § 31, Serie A, núm. 255-C).

43. En este sentido, el Tribunal señala que la demandante en su calidad de padre de un niño nacido fuera del matrimonio en primer lugar, se quejó de un trato diferente en comparación con la madre, en que no tenía ninguna oportunidad de obtener la custodia compartida sin el consentimiento de éste. En segundo lugar, se quejó de un trato diferente en comparación con padres casados o divorciados, que son capaces de retener la custodia compartida después del divorcio o una separación de la madre.

44. En cuanto a la situación de conformidad con la legislación aplicable de los padres de los niños nacidos dentro del matrimonio, en comparación con la de los padres de niños nacidos fuera del matrimonio, la Corte observa que las disposiciones legales aplicables contienen diferentes normas y dar lugar a una diferencia de trato entre de las dos categorías de los padres. La primera categoría de los padres tiene el derecho legal a la custodia compartida desde el primer momento e incluso después del divorcio, que puede ser restringido o suspendido por un tribunal de familia sólo si es necesario en interés del niño. La Corte observa que por otra parte la patria potestad sobre un hijo nacido fuera del matrimonio se atribuye a la madre a menos que ambas consentimiento de los padres a presentar una solicitud a la autoridad conjunta. Si bien las disposiciones pertinentes no excluir categóricamente la posibilidad de que el padre puede obtener la custodia compartida en el futuro, los artículos 1666 y 1672 del Código Civil establece que el tribunal de familia sólo podrá transferir el derecho a la custodia al padre si el niño es el bienestar amenazados por la negligencia por parte de la madre o si uno de ellos hace la solicitud correspondiente, con el consentimiento del otro progenitor. En ausencia de estos requisitos previos, es decir, si el niño el bienestar no se vea amenazada y si la madre no da su consentimiento a la transferencia de custodia, como se ha establecido en el presente caso, la legislación alemana no prevé un examen judicial en cuanto a si la atribución de la patria potestad conjunta a ambos padres se adapten mejor interés del niño.

45. La Corte reitera que en los casos derivados de las solicitudes individuales que no es su tarea de examinar la legislación nacional en abstracto, sino que debe examinar la manera en que la legislación que se aplicó a la demandante en las circunstancias particulares y si su aplicación en the present case led to an unjustified difference in the treatment of the applicant (see Sommerfeld v. Germany [GC], no. 31871/96, § 86, ECHR 2003-VIII).

46.  Turning to the circumstances of the present case, the Court notes that the German courts dismissed the applicant's request for joint custody of his daughter because under Article 1626a of the Civil Code, in the absence of a declaration on joint custody by both parents, the mother held sole custody. The approach taken by the German courts in the present case thus fully reflects the underlying legislation. Consequently, as there was no alternative decision possible under national law, the domestic courts did not examine whether the granting of joint custody would jeopardise the child's welfare in this individual case or whether on the contrary the granting of joint custody would be in the best interests of the child. The crucial point is that joint custody against the will of the mother of a child born out of wedlock is prima facie considered as not being in the child's interest.

47.  Both the Cologne District Court and the Court of Appeal referred to the leading judgment of the Federal Constitutional Court of 29 January 2003, in which the latter court gave detailed reasons regarding the conflict between Article 1626a of the Civil Code and the rights of fathers of children born out of wedlock to have their family life respected. The Federal Constitutional Court found that the child's well-being demanded that it had a person at birth who could act for the child in a legally binding way. In view of the very different life conditions into which those children were born, it was generally justified to grant sole custody to the mother, and not to the father who in any event could obtain custody through a joint custody declaration.

48.  Having regard to the above court decisions and underlying legislation, the Court finds that there is sufficient reason to conclude that there has been a difference in treatment as regards the attribution of custody to the applicant in his capacity as a father of a child born out of wedlock in comparison with the mother and in comparison with married fathers. The Government argued in this connection that the situation of the mother and the father could not be regarded as being totally comparable, since in contrast to motherhood, which was established on the birth of the child, fatherhood could not be established from the outset if the father was not married to the mother. The Court considers that these arguments are of relevance in determining whether the difference in treatment was justified (see Rasmussen v. Denmark , 28 November 1984, § 37, Series A no. 87).

49.  As is well established in the Court's case-law, a difference in treatment is discriminatory for the purposes of Article 14 if it has no objective and reasonable justification, that is if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised (see, in particular, Inze v. Austria , 28 October 1987, § 41, Series A no. 126, and Mazurek v. France, no. 34406/97, § 48, ECHR 2000-II).

50.  The Contracting States enjoy a margin of appreciation in assessing whether and to what extent differences in otherwise similar situations justify a different treatment (see Abdulaziz, Cabales and Balkandali , cited above, pp. 35-36, § 72). The scope of the margin of appreciation will vary according to the circumstances, the subject matter and its background; in this respect, one of the relevant factors may be the existence or non-existence of common ground between the laws of the Contracting States (see, among others, Petrovic v. Austria , 27 March 1998, § 38,Reports of Judgments and Decisions 1998-II).

51.  However, the Court has already held that very weighty reasons need to be put forward before a difference in treatment on the ground of sex or birth out of or within wedlock can be regarded as compatible with the Convention (see Karlheinz Schmidt v. Germany , cited above, and § 24; Mazurek v. France , cited above, § 49). The same is true for a difference in the treatment of the father of a child born of a relationship where the parties were living together out of wedlock as compared with the father of a child born of a marriage-based relationship (seeSommerfeld v. Germany , cited above, § 93).

52.  The Court notes that the impugned decisions of the domestic courts were based on Article 1626a of the Civil Code, which itself is aimed at protecting the best interests of a child born out of wedlock by determining its legal representative and by avoiding disputes between the parents over questions relating to the exercise of parental custody at the child's expense. The decisions thus pursued a legitimate aim for the purposes of Article 14.

53.  The Court acknowledges that allowing parents of a child born out of wedlock to agree on joint custody constitutes an attempt by the legislator to put them to a certain extent on the same footing as married parents who had obliged themselves on marriage to take responsibility for each other and their children.

54.  The Court further is aware that differences exist in the respective environments into which the children of parents who are not married are born, ranging from relationships where the father's identity is not established or where he does not want to take responsibility for the child to those where the father fully participates in the upbringing of the child and where the child grows up in an environment that is practically indistinguishable from an environment based on an intact parental marriage.

55.  The Court accepts that in view of these different life situations of children born out of wedlock and in the absence of a joint declaration on parental authority, it was justified for the protection of the child's interests to attribute parental authority over the child initially to her mother in order to ensure that there was a person at birth who could act for her in a legally binding way.

56.  The Court further accepts that there may exist valid reasons to deny an unmarried father participation in parental authority, as might be the case if arguments or lack of communication between the parents risk jeopardising the child's welfare. However, nothing establishes that such an attitude is a general feature of the relationship between unmarried fathers and their children.

57.  The Court observes in particular that the above considerations did not apply in the applicant's case. The applicant's paternity was certified from the beginning, he lived together with the mother and the child until the child reached the age of three and a half and for an additional two years following the parents' separation, more than five years in total. After the child had moved to live with her mother, the father still enjoyed extensive contact rights and provided for the child's daily needs. Nevertheless, the applicant was excluded from the outset by force of law from seeking a judicial examination as to whether the attribution of joint parental authority would serve the child's best interests and from having a possible arbitrary objection of the mother to agree to joint custody replaced by a court order.

58.  The Court is not convinced by the argument put forward by the Government and included in the Federal Constitutional Court's reasoning that the legislator could legitimately assume that, if the parents lived together but the mother refused to make a joint custody declaration, the case was an exceptional one in which the mother had serious reasons for the refusal which were based on the child's interest. In this context the Court welcomes the measures undertaken by the Government for the purpose of fulfilling the mandate from the Federal Constitutional Court to keep actual developments under observation and to verify whether the assumptions it had made when forming the rules in question were sustainable in face of reality. However, it observes that these surveys have not yet produced clear results and that in particular as regards the mothers' motives for objecting to joint parental authority they indicate that these are not necessarily based on considerations related to the child's best interests.

59.  Having regard to the above considerations, the Court cannot share the assumption that joint custody against the will of the mother is prima facie not to be in the child's interest.

60.  While having regard to the wide margin of appreciation of the authorities, in particular when deciding on custody-related matters (see Sommerfeld v. Germany , cited above, § 63), the Court also considers the evolving European context in this sphere and the growing number of unmarried parents. The Court reiterates in this connection that the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions (see, among other authorities, Marckx v. Belgium , 13 June 1979, § 41, Series A no. 31, and Johnston and Others v. Ireland , 18 December 1986, § 53, Series A no. 112). The Court observes in this context that although there exists no European consensus as to whether fathers of children born out of wedlock have a right to request joint custody even without the consent of the mother, the common point of departure in the majority of Member States appears to be that decisions regarding the attribution of custody are to be based on the child's best interest and that in the event of a conflict between the parents such attribution should be subject to scrutiny by the national courts.

61.  The Court is not persuaded by the Government's argument in this connection that, under the circumstances of the present case, it could not be ruled out that the ordering of joint custody by a court would cause conflicts between the parents and would therefore be contrary to the child's best interests. While it is true that legal proceedings on the attribution of parental authority always bear the potential of unsettling a young child, the Court observes that the domestic law provides for a full judicial review of the attribution of parental authority and resolution of conflicts between separated parents in cases in which the father once held parental authority, either because the parents were married at the time of birth, had married thereafter or had opted for joint parental authority. In such a case the parents retain joint custody unless the court at the request of one parent awards sole custody to the latter in accordance with the child's best interest pursuant to Article 1671 of the Civil Code.

62.  The Court considers that the Government have not submitted sufficient reasons why the present situation should allow for less judicial scrutiny than these cases and why the applicant, who has been acknowledged as a father and has acted in that role, should in this respect be treated differently from a father who had originally held parental authority and later separated from the mother or divorced.

63.  In view of the above considerations, the Court concludes that in respect of the discrimination at issue there was not a reasonable relationship of proportionality between the general exclusion of judicial review of the initial attribution of sole custody to the mother and the aim pursued, namely the protection of the best interests of a child born out of wedlock.

64.  There has accordingly been a violation of Article 14 of the Convention, taken together with Article 8 in the instant case.

65.  Having regard to this conclusion, the Court does not consider it necessary to determine whether there has also been a breach of Article 8 of the Convention taken alone.

II.  APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

66.  Article 41 of the Convention provides:

67.  The applicant, relying on the Elsholz case ( Elsholz v. Germany [GC], no. 25735/94, ECHR 2000-VIII), claimed a sum of at least 15,000 euros (EUR) in respect of non-pecuniary damage for the sorrow and frustration he has suffered from not having been formally recognised in his role as a father and from not having been able to actively contribute to key decisions regarding his daughter.

68.  The Government, while leaving the matter to the Court's discretion, considered the amount claimed by the applicant to be excessive.

69.  The Court considers that it cannot speculate as to whether the applicant would have been granted parental authority if the domestic courts had examined the merits of his request in accordance with his Convention Rights. Taking further into account that the applicant – unlike the father in the Elsholz case – enjoyed regular contact with his daughter throughout the proceedings, the Court considers that the finding of a violation constitutes sufficient just satisfaction for any non-pecuniary damage suffered by the applicant.

70.  The applicant also claimed EUR 3,696.55 for the costs and expenses incurred before the domestic courts and EUR 3,311.59 for those incurred before the Court.

71.  The Government contested the claim for expenses before the Court.

72.  According to the Court's case-law, an applicant is entitled to the reimbursement of costs and expenses only in so far as it has been shown that these have been actually and necessarily incurred and are reasonable as to quantum. In the present case, regard being had to the information in its possession and the above criteria, the Court considers that the sum claimed should be awarded in full.

73.  The Court considers it appropriate that the default interest should be based on the marginal lending rate of the European Central Bank, to which should be added three percentage points.


FOR THESE REASONS, THE COURT

1. Holds by 6 votes to 1 that there has been a violation of Article 14 of the Convention taken in conjunction with Article 8;

2. Holds unanimously that there is no need to examine separately the complaint under Article 8 of the Convention;

3. Holds unanimously that the finding of a violation constitutes in itself sufficient just satisfaction for the non-pecuniary damage sustained by the applicant;

4. Holds unanimously

(a)  that the respondent State is to pay to the applicant, within three months from the date on which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the Convention, EUR 7,008.14 (seven thousand and eight euros and fourteen cents), plus any tax that may be chargeable to the applicant, in respect of costs and expenses,

(b)  that from the expiry of the above-mentioned three months until settlement simple interest shall be payable on the above amount at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points;

5. Dismisses unanimously the remainder of the applicant's claim for just satisfaction.

Done in English, and notified in writing on 3 December 2009, pursuant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.



Stephen Phillips Peer Lorenzen
Deputy Registrar President

In accordance with Article 45 § 2 of the Convention and Rule 74 § 2 of the Rules of Court, the dissenting opinion of Judge Schmitt is annexed to this judgment.



PL
SP


 

DISSENTING OPINION OF JUDGE SCHMITT

1.  I am unable to subscribe to the conclusion that there has been a violation of Article 14 in conjunction with Article 8 of the Convention. In consideration of the wide margin of appreciation of the domestic authorities and in the light of the particular circumstances of the case, the interference with the applicant's right to respect for his family life is necessary in a democratic society within the meaning of Article 8 and any unequal treatment in comparison with the mother or a divorced father is justified for the purposes of Article 14.

2.  I see that the applicant had no possibility of obtaining joint custody against the will of the mother and that he was excluded by force of law from seeking judicial review. But the Court accords the domestic authorities, and courts in particular, a wide margin of appreciation with regard to decisions concerning the custody of children, unlike in the case of restrictions on parents' right of access (see Görgülü v. Germany , no. 74969/01, § 42, 26 February 2004, and Sommerfeld v. Germany [GC], no. 31871/96, § 63, ECHR 2003-VIII). Contrary to the majority, I think that in the instant case this wide margin of appreciation has not been exceeded by the statutory rules and the court decisions based on them. The reasoning underlying the relevant legal provisions, especially Article 1626a § 2 of the Civil Code, is tenable and can especially not be dismissed in the applicant's case. The German legislature has fully recognised and considered the problems arising for the father from the mother's privileged position and has deliberately decided against so-called “enforced harmony” (which means the legal possibility of joint parental custody by court order). The explanation of the report submitted by the Legal Affairs Committee of the German Federal Parliament following the deliberations on the amended Law on Family Matters makes clear that the interests of the father and the problems of the proposed solution were not only fully considered in the weighing-up-process, but that the legal provisions are based on close examination and a defensible reasoning.

3.  The reasoning of the German legislature is mainly based on the notion of legal certainty and the protection of the child's best interests, the latter also being an important factor in the case-law of the Court (see Sahin v. Germany [GC], no. 30943/96, § 94, ECHR 2003-VIII). Parliament could legitimately assume that in the case of children born out of wedlock, joint custody for both parents enforced by a court order against the will of the mother was contrary to the child's best interests. This is especially true when the parents do not live together, as in the present case. This crucial point was emphasised by the Federal Constitutional Court in its judgment of 29 January 2003, which confirmed the legal approach as constitutional. If the parents did not make a joint custody declaration while they were living together (in the present case until the child was aged three and a half), after the parents' separation and a custody dispute the assumption of the legislature that joint custody enforced by court order regularly entails more disadvantages than advantages for the child is even more justified. In such a case it is obvious that there is no basis for cooperation between the parents and therefore no basis for joint custody in the child's best interests.

4.  This applies in particular because the assumption behind the regulatory approach cannot be dismissed in the applicant's case either. It has to be borne in mind that the Court – as a general rule – does not assess the abstract legal situation but the manner in which the rules are applied to the applicant in the given specific circumstances. With regard to this principle, the following facts have to be considered. Before the Federal Constitutional Court had decided the question of the constitutionality of Article 1626a of the Civil Code the domestic courts additionally examined in the context of the applicant's application for legal aid in respect of his application for custody whether the granting of joint custody would jeopardise the child's welfare and they answered this question in the affirmative. The Cologne District Court referred in a decision of 29 August 2002 to “a dispute between the parents on fundamental questions”. It further stated explicitly that joint parental custody would not be in the child's interests and the fundamental dispute between the parents would even be a reason to revoke joint custody. The Cologne Court of Appeal made itself even more clear in a decision of 19 July 2002 when it explained that the applicant, “irrespective of section 1626a of the Civil Code”, could not obtain joint parental custody because it was not in the child's interests. In the light of these remarks by the domestic courts – albeit only in the context of the applicant's application for legal aid and not in the main proceedings – I do not agree with the majority, who dismiss the Government's argument that in the circumstances of the present case the ordering of joint custody by a court would be likely to cause conflicts between the parents and would therefore be contrary to the child's best interests. Moreover, it has to be considered in this connection that the applicant exercises a relatively extensive right of access without any problems, namely a good four months a year, giving him the opportunity to play a large part in his daughter's life.

5.  Furthermore, I do not agree with the majority that in the present case the Court can overcome the wide margin of appreciation of the authorities with the notion that the Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions. Like the majority I do not see a European consensus on this issue. The judgment states correctly that only a limited number of countries explicitly address the issue of a lack of agreement between the parents. Although the majority of the member States may provide for scrutiny by the courts in the event of a conflict between the parents, the provisions and the underlying legal approaches are very different in their details and cannot be compared to each other, as a comparative-law survey on parental authority over a child born out of wedlock shows. Where there is no uniform approach it has to be accepted in my opinion that there are a number of possible ways of solving the conflict between the different interests at stake. Moreover, the common starting-point of the legislation in the member States is, as in Germany, the child's best interests. With regard to this common goal and the non-existent consensus among the member States, I am not convinced that providing the father with the possibility of obtaining joint custody by court order against the will of the mother should be the only legal solution in accordance with the Convention. Besides, it is rather in line with past decisions of the Court that Parliament's evaluation can anticipate the weighing-up process without providing for a weighing-up of interests in every individual case ( see Evans v. the United Kingdom , no. 6339/05, § 65, 7 March 2006). It has additionally to be mentioned that the advantage of such anticipation is a clear law which provides certainty for the persons involved.

6.  With reference to the foregoing, especially the interests of the child, I am of the opinion that the applicant has also not been subjected to unjustified discrimination. Furthermore, the mother's and the father's situations are not totally comparable; sole custody of the mother is, at least initially, necessary for reasons of legal certainty, as the majority concede. The fact that the father cannot enforce joint custody later on is justified, as mentioned above, especially in the event of a separation, by the notion of the child's well-being, with a view to avoiding painful disputes between the parents at the child's expense. The statutory rules legitimately proceed from the idea that parents who are unable to agree on joint custody are also unable to solve the difficult problems arising in the exercise of joint custody. Moreover, the situation of the applicant is not totally comparable to that of divorced fathers and unmarried fathers who have exercised joint custody based on joint declarations. In the case of married parents joint custody is founded on joint declarations manifesting themselves in the marital vows. The right of a divorced father is therefore based on a continuation of his legal position which was established beforehand by both parents. This is equally true for parents who are not married to each other if they have previously exercised joint custody by means of a joint declaration. Besides, in both cases joint custody is linked to the consent of the mother. On the contrary, the legislature could legitimately assume that parents do not wish to exercise joint parental custody if they are not married to each other and do not make joint declarations.

7.  In the final analysis I think that there is a reasonable relationship of proportionality between the exclusion of judicial review of the initial granting of sole custody to the mother and the aim pursued, namely the protection of the child's well-being. This is especially true in the present case, where the German courts involved in the above-mentioned decisions ascertained that joint custody would be against the child's interests and would on that account have even had to be revoked had it been established previously. This underlines the validity of the argument of the Federal Constitutional Court in its judgment of 29 January 2003, concerning another case, where it stated that the applicable law, especially Article 1626a § 2 of the Civil Code, did not infringe the father's right to respect for his family life by not providing for judicial review, because in the event of a serious dispute between the parents it could not be expected that the courts would consider joint custody to be in the child's best interests. However, in the end the different assessment by the majority in this case means that the domestic legislature is left with hardly any margin of appreciation with regard to the details of regulating parental custody for children born out of wedlock. I consider this to be a too far-reaching consequence of the judgment and would have preferred a more cautious approach in this difficult area. For the foregoing reasons I have therefore voted against finding a violation of Article 14 in conjunction with Article 8 of the Convention.