Delia Jiménez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La fundadora de la ´Asociación de Ayuda a Hijos de Progenitores Separados´, Paola González, aclara que este colectivo, que ya cuenta con 30 padres y madres afectados, surge con un afán constructivo y con el propósito de evitar, en la medida de lo posible, "el dolor y la impotencia que genera en los menores este tipo de situaciones". González critica la falta de recursos y la ineficacia demostrada por los órganos judiciales y por otras administraciones con competencias en materia de familia.

- ¿Cuándo surge la necesidad de poner en funcionamiento una asociación de estas características y con qué propósito?
- Los mejores términos que pueden definir la necesidad de poner en marcha esta asociación son el dolor y la indefensión de la situación actual en relación a los hijos de padres separados. Es un sufrimiento tanto para los hijos como para aquellos progenitores, quiero decir padres y madres porque esto no es una guerra de sexos. Como decía es un dolor que precisa de actitudes que se están tomando en la actualidad desde los servicios públicos tanto desde la Dirección General del Menor y la Familia, que brilla por su total ausencia en estos casos; desde la Administración de Justicia donde no existe una especialización de protección familiar, hay juzgados de familia pero no cuentan con profesionales especializados. En este momento hay una propuesta en el Congreso de los Diputados a favor de una jurisdicción familiar que lleva un año tratándose y el grupo de gobierno se está oponiendo a que exista una especialización en este sentido. Los niños soportan un dolor enorme provocado por los conflictos entre sus padres, por las dificultades de contacto, se desarrollan personalidades que no son las más adecuadas, se pierden los valores, se desarrolla una conciencia de indefensión absoluta en el menor. Es falso que la administración de justicia haga justicia. La frase preferida de muchos abogados es si vienes buscando justicia aquí no la vas a encontrar y eso es lamentable. Además, en la figura del recurso judicial parece que todo vale. En definitiva, hay una falta de formación que lleva a las sentencias más absurdas y ridículas. Otro factor importante es el tiempo cuando se lucha por los intereses de un niño y se empieza cuando el menor tiene cuatro años y se acaba el procedimiento con diez años. Desde esta asociación perseguimos conciliar un punto donde se vele por los derechos de los niños. Nuestra dirección es paolaggl&telefonica.net.

- ¿Según usted qué perfil especial habría que exigir a los jueces de familia?
- Un juez de familia tendría que tener una serie de características. En primer lugar tendrían que ser sometidos a unas pruebas psicotécnicas, como se hace con otros profesionales para ver si están capacitados para afrontar ese trabajo. No se trata de descartar locuras o no sino que se trata de ver si tienen una serie de aptitudes. Un juez de familia debe reunir en su perfil una capacidad importante para analizar un problema, actitud verbal, operativizar y mediación. Además, los jueces no se forman en psicología específica y, sin embargo, interpretan informes psicológicos. No saben diferenciar en su formación si un informe psicológico está bien o mal hecho, no se saben integrar determinadas pruebas. Hay jueces de familia que hacen muy bien su trabajo, pero ni la formación actual de la judicatura ni la escuela judicial capacitan. Lo mismo ocurre con los fiscales.

- La pericial psicológica suele resultar de gran peso en las decisiones judiciales en los conflictos familiares. ¿Cree que se dispone de los recursos adecuados en este sentido en los juzgados de la Isla?
- En este momento a nivel general puede decirse que no existe un protocolo único de evaluación de los casos de menores. Ya es hora que un Consejo Nacional de Psicólogos se posicione de una vez para unificar criterios en este tipo de evaluaciones. Si hacemos un recorrido por los gabinetes psicosociales del juzgado vemos que los procedimientos son distintos. Por ejemplo, en sólo uno de los dos gabinetes psicosociales de los juzgados de familia de Las Palmas de Gran Canaria se está siguiendo un procedimiento adecuado, pero no en el otro.

- ¿Piensa que la legislación actual defiende debidamente el interés del menor en los casos de ruptura familiar?
- La falta de formación de los jueces puede dificultar la interpretación de la ley en el interés del menor. Es verdad que hay una ausencia que no protege el interés del menor en la Ley de Protección Jurídica del Menor, donde no se alude para nada a los derechos de los hijos de padres separados. Tampoco se dice nada en la ley del divorcio, 24 años después de su aprobación. Donde más se ha hablado es en la nueva reforma del Código Civil con la custodia compartida, pero tampoco es una adecuada reforma porque la custodia compartida sólo se puede alcanzar si existe mutuo acuerdo entre las partes. Es decir, que dos personas que hasta hace 15 días hacían todo conjunto, de repente el padre o la madre pasan a tener una participación de visita. Una custodia compartida debe ser entendida como una responsabilidad compartida.