La Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas airea decisiones
judiciales
Los grupos feministas siempre bien organizados para presionar a los jueces
que se apartan del guión de género.
EL MUNDO, LUNES 23 DE
AGOSTO DE 1999 MADRID
Decisiones judiciales, en entredicho
La Asociación de Mujeres
Separadas y Divorciadas denuncia las actuaciones de dos magistrados
por su «mentalidad sexista»
ROSA M. TRISTAN
MADRID.— Mercedes V.D. tuvo que salir
escoltada de su casa por la policía. Escondida de su marido,
Mercedes no ha conseguido que la Justicia le permita retornar a La
vivienda sin peligro. La que si volvió fue María del Carmen
Fernández Pedroche, pero fue expulsada por miembros de la Guardia
Civil. Los jueces vuelven, así, a salir a la palestra por algunas de
sus polémicas decisiones. La Asociación de Mujeres Separadas y
Divorciadas ha denunciado estos dos casos como ejemplos en los que,
en contra del espíritu de la legislación, «los magistrados siguen
manteniendo su mentalidad sexista», según señaló a EL MUNDO la
presidenta de esta organización, Ana María Pérez del Campo.
Mercedes V.D., que tiene tres hijos de 15,
9 y dos años, era una víctima de la violencia doméstica desde hacía
tiempo, según sus propias palabras, por parte de Julio A.P., su
marido. El 27 de julio, en una de las broncas de la pareja, se hizo
necesaria la presencia de la policía de Aravaca, donde reside la
familia, y la mujer salió de la casa escoltada por los agentes,
quienes le indicaron las casas refugio a las que podía acudir, tras
recibir amenazas de muerte.
Al día siguiente, Mercedes solicitó en el juzgado que se adoptara
medidas provisionalísimas sobre su esposo, puesto que iba a pedir la
separación conyugal.
Estas medidas suponen que, mientras se
tramita la separación, el demandado debe salir de la casa familiar,
debe pasar un dinero para mantener a sus hijos (la mujer pidió
80.000 pesetas) y se consigue el amparo jurídico inmediato.
La respuesta del juez Carlos López Muñiz no se hizo esperar y dos días
después negó a Mercedes estas medidas al considerar que «habiendo
abandonado el domicilio conyugal no está acreditado que exista
urgencia». «Es una decisión aberrante porque, con una denuncia sobre
malos tratos y amenazas de muerte, que son delito, el juez dice que
ella no corre peligro, cuando tiene que estar escondida o en la
calle, mientras el agresor está tranquilamente en casa», denuncia
Pérez del Campo.
No menos indignante le resulta el caso de M
del Carmen Fernández Pedroche, que ha enviado al Defensor del
Pueblo.
M del Carmen está en trámites de separación
ante un juzgado de Getafe, sin que de momento exista ninguna
resolución. Por ello, su sorpresa fue mayúscula cuando el 3 de
agosto se presentó la Guardia Civil en su vivienda de Horche
(Guadalajara) para echarla de la casa.
El día anterior había llegado a Horche,
donde estaba su ex marido. Este dejó el lugar cuando ella entró,
tras una fuerte discusión, y fue a denunciarla al juzgado.
El juez de Guadalajara Julián Muelas no se
molestó en tomar declaración a la acusada, ni en llamar a Getafe
para comprobar que el uso de la vivienda de Horche no estaba
adjudicado a algún cónyuge, todavía. «Ese juez ordenó el desalojo de
la mujer sin fundamentos legales, con abuso de poder y dejándola en
una situación de indefensión», dice Pérez del Campo.
Es más, en la orden de desalojo se dice que
el matrimonio está separado desde 1994, aunque se menciona el
expediente de Getafe, datado en 1999. «Queremos que el Defensor del
Pueblo abra una investigación sobre la actuación de este juez»,
añade.
El tercer caso se refiere a la mujer a la
que su marido estuvo a punto de estrangular con el cable del
ventilador, en Alcorcón.
Salvada por la intervención policial —tras
ser avisados por una hija—, la mujer se encontró con que su marido
estaba en la calle a las pocas horas del suceso. La Policía Local,
pese a que tenía cinco denuncias por malos tratos. no le pasó a
disposición judicial
Durante unos días, la víctima no volvió a
casa, pero de nuevo comparten la misma vivienda.
La justicia es lenta, ineficaz, arbitraria,
incoherente, discriminatoria con los acusados,
abusiva, en el uso de la prisión preventiva y depositaria de un poder
excesivo.
Demoscopia 1995. El País
Última actualización:
05.03.2007
